POR EDUARDO MACKENZIE
Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó este 17 de enero que reina en Colombia, sobre todo en el seno de los partidos políticos, una gran desconfianza desde que fueron conocidos los términos del contrato entre la Registraduría e Indra. Ella deplora que Colombia no sea la propietaria de la logística y de los sistemas electrónicos y digitales que serán empleados en los escrutinios de 2022 (1).
“Los software (programas, logiciels) de la transmisión de datos son extremadamente importantes y deben estar bajo control del Estado: éste debe poder auditarlos de manera integral”. En efecto, la Registraduría debería estar en capacidad de examinar el o los algoritmos que serán utilizados en ese sistema de conteo de votos. Pero el contrato de Indra no prevé eso. Alejandra Barrios insiste: Colombia debe impedir que Indra “se oponga al examen detallado e integral de ese software alegando que debe proteger la ‘autoría intelectual’ de ese programa o que debe respetar la ‘seguridad industrial’ de tal software”.
Un debate parecido ocurrió en los Países Bajos. Tras una elección en 2020 para definir quién sería el líder del partido holandés CDA, cristiano demócrata, en la que fueron utilizados máquinas de escrutinio de Dominion, dotadas del software de Smartmatic, algunos miembros que votaron por un candidato recibieron posteriormente la confirmación de que habían votado por otro candidato. “Esto sucedió, entre otras cosas, con la esposa del candidato Pieter Omtzigt, quien, después de haber votado por su esposo, recibió un agradecimiento por su voto por Hugo de Jonge”, reveló la prensa local (2).
“Debido a eso nos comunicamos con la sede del CDA para preguntar qué máquinas de votación habían utilizado en las elecciones de líderes del partido. El responsable de prensa eludió la respuesta y replicó que no había habido fraude. Pero esa no era nuestra pregunta. La pregunta era qué tipo/marca de máquinas de votación habían utilizado. Al final no hubo respuesta”, concluyó.
¿La Registraduría y otros organismos públicos colombianos saben qué tipo de máquinas realizarán los escrutinios? La Registraduría y otros organismos públicos colombianos son clientes de Indra en dominios diferentes. Pero esta es la primera vez que contratan a una empresa extranjera para que haga, de manera bastante opaca, además, los escrutinios del país. ¿Qué garantías tiene Colombia de que los softwares de Smartmatic y Dominion no jugarán un papel en esos escrutinios? ¿Qué garantías ha recibido la Registraduría de parte del operador español de que será imposible borrar los registros una vez terminado el conteo? ¿Qué garantía tiene la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral de que será imposible cambiar la versión del software de esas máquinas después del escrutinio?
La multinacional española dice trabajar en 140 países y tener “más de 49.000 empleados”. Sus trabajos de “asesoría” cubren muchas actividades: tráfico aéreo, transportes, seguros, banca, defensa y seguridad, entre otros. En 2019, Indra participó en una licitación lanzada por el Estado mexicano para la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Los procesos electorales en algunos países también son una fuente de ingresos para Indra. Esta dice, por ejemplo, que ella ha participado “en 300 elecciones en cerca de 18 países”. Sin embargo, los detalles sobre el carácter de tal participación en tantos países no son referenciados en sus páginas web. En ese soporte digital, Indra explica que, junto con Minsai, una empresa de ese grupo, en algunos países, se ocupan del control de las creencias políticas de la ciudadanía. En sus propias palabras: que “anticipan el riesgo de desinformación y manipulación de las decisiones de voto de los votantes al detectar e investigar posibles noticias falsas”.
No hay pues referencia particular alguna en ese portal sobre la participación de Indra y Minsai en procesos electorales mediante el suministro de programas digitales y maquinaria para el escrutinio en elecciones nacionales. ¿El contrato con la Registraduría es una aventura inédita de Indra?
Indra afirma que no ha participado en procesos electorales en Venezuela. El 26 de noviembre de 2015, anunció que se retiraba de Venezuela, tras 15 años de actividad allí. ¿Los motivos? La imposibilidad de repatriar el capital al grupo matriz, el bajo retorno de inversión y la inestabilidad económica y política del país. Eso es lo que afirmó en ese momento la prensa económica española. Indra no es clara al momento de definir qué servicios prestaba en Venezuela.
Empero, Agustín Marco, periodista del diario español El Confidencial, escribió el 20 de noviembre de 2015: “Indra fue acusada en su día de manipular los sistemas de recogida de votos cuando fue seleccionada para gestionar las elecciones generales a las que se presentaba el ya fallecido Hugo Chávez, lo que le granjeó muchas críticas desde varios partidos de la oposición.” (3).
En noviembre de 2020, cuando el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, declaró que Indra había intervenido en la manipulación de las elecciones estadounidenses de ese año, en compañía de dos otras empresas, Smartmatic y Dominion Voting Systems, la multinacional española replicó que ella no había participado en ese proceso.
Indra Sistemas niega haber participado en un proceso electoral en Estados Unidos y agrega que no tiene vinculación con Smartmatic ni con Dominion Voting Systems. Pero otra versión emanada de la misma Indra permite pensar que tal aserción no es exacta pues hay una relación de Indra con procesos electorales en Estados Unidos: Indra reconoce que desarrolló “un piloto de soluciones de censo electoral en algunos condados [de Estados Unidos] en el año 2004”.
Agustín Marco también explicó que la relación de Indra con el gobierno de Nicolás Maduro se había deteriorado mucho. El dictador acusaba a España en ese momento de financiar grupos “terroristas”, “racistas” y de la “ultraderecha franquista”. Eso, más el bajo retorno de inversión, y la inestabilidad política, llevó a Indra a vender sus activos a otras empresas “pese a los buenos contratos de servicios de tecnología que [tenía] allí, como los firmados con BBVA y con Telefónica.”
Sin embargo, Indra mantuvo actividades en Venezuela después de esa fecha. En noviembre de 2021, esa empresa fue objeto de una investigación de la justicia española por “corrupción, blanqueo de capitales y servicios simulados”. La Audiencia Nacional sospecha que, entre 2008 y 2017, las firmas empleadas por Alejo Morodo, el hijo del embajador en Venezuela del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, eran sociedades interpuestas “para canalizar comisiones”, según la prensa española.
Indra no revela los nombres de sus accionistas. Lo explica así: “La Compañía no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede conocer la composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente o hagan pública en aplicación de la normativa vigente sobre participaciones significativas (…) y por la información que facilita Iberclear, que la Sociedad recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales de accionistas”.
Después de una época de pérdidas y de vacas flacas en 2015, sobre todo en América Latina –en Brasil tuvo que despedir a 1.200 empleados–, Indra se recuperó de manera espectacular. Según la publicación InfoDefensa.Com, de Madrid, Indra es ahora “una de las 100 empresas más innovadoras de todo el mundo (8,2%). Mejora los promedios de las empresas de Japón (4%), China (3,7%) o Estados Unidos (7,9%) y es muy superior a la media de inversión empresarial en investigación y desarrollo sobre la cifra de ventas en Europa (4,2%) o en España (2%)”.
En ese contexto de recuperación fue adjudicada a Indra la licitación, sin competidor, de la Registraduría de Colombia por valor de 27 mil millones de pesos, apenas tres meses antes de las elecciones legislativas. Es un contrato anómalo que porta un gran defecto, según Alejandra Barrios: “No le traslada capacidad al Estado colombiano para el manejo de los software, ni el ajuste de esas máquinas”. La doctora Barrios detalla que los contratos publicados por la Registraduría sugieren que se trata de una compra de equipos cuando en realidad no hay la tal compra pues toda la capacidad para el manejo de los software no pasa a ser propiedad del Estado colombiano. Esa capacidad sigue en poder de Indra.
Ese contrato fue hecho bajo el patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), no confundir con la OEA. La OEI es un organismo intergubernamental de cooperación creado en 1949 en España y con sede en Madrid y dirigido por un secretario general español, Mariano Jabonero Blanco. Sus objetivos son el fomento de la educación, la cultura y la ciencia entre los países miembros. La cuestión electoral no aparece dentro de sus prioridades.
La dirección de la MOI pide, en consecuencia, que la Registraduría propicie una reunión de información con los partidos políticos para explicarles cómo será el proceso electoral en esas condiciones, cuáles serán los alcances de las auditorias que podrá haber la Registraduría en esos escrutinios, qué medidas de seguridad existen para la pureza del sufragio, a qué velocidad los datos serán trasmitidos de las mesas de votación a los centros departamentales y de allí a la Registraduría nacional, etc. Sin esas explicaciones, concluye Alejandra Barrios, no habrá confianza ni claridad.
La fórmula “voto electrónico” recubre una amplia gama de operaciones. La característica mayor de ese negocio es que es dominado por dos empresas que se reparten gran parte de ese mercado: Smartmatic y Dominion Voting Systems. La primera, creada en Venezuela y con sede ahora en Londres, concibió y desarrolló el software (la cosa intangible, logiciels y sistemas de explotación) y Dominion, propiedad de la primera, se encarga del hardware (las maquinas computadores u ordenadores especiales y las redes de transmisión que funcionan gracias al software de Smartmatic).
Indra no ha concebido que se sepa nuevos programas (software) ni nuevas computadoras (hardware) para realizar campañas de conteo y escrutinios en elecciones. Ella participa como subcontratante de las otras dos empresas. Por eso es legítimo suponer que en los computadores que Indra utilizará en Colombia habrá tanto logiciels de Smartmatic como máquinas de Dominion, sin que los nombres de esas firmas, sobre las que pesan acusaciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos y en Países Bajos, aparezcan en el contrato firmado por la Registraduría colombiana.
“Una investigación judicial en el condado de Ware, Georgia, parece haber descubierto un algoritmo en una máquina de conteo de votos de Dominion Voting Systems (DVS). Al ingresar un número igual de votos para ambos candidatos, ¡el dispositivo contó el 26 por ciento de los votos de Trump ingresados para Biden!”, reveló una publicación neerlandesa (4).
Y explicó esto: “La máquina de conteo de votos del DVS en el condado de Ware parece estar contando los votos según un algoritmo. En lugar de ‘1 papeleta = 1 voto’, utilizó un valor ponderado. Aparentemente, a un voto se le asigna un valor diferente que al otro voto. En este caso, se alega que la máquina en cuestión cuenta un voto de Trump como 0,87 y un voto de Biden como 1,13. Entonces, si ingresa un número igual de votos para ambos candidatos, Biden sale a la cabeza con una ventaja del 26 por ciento”.
La auditoría ordenada por el juez del 13 ° Circuito, Kevin Elsenheimer, que ordenó la incautación de 22 máquinas de Dominion en el condado de Antrim, Michigan, para que fueran exploradas, descubrió que la tasa de error electoral había sido allí del 68,05%. El informe forense concluyó: “Esto demostró un error significativo y fatal en la seguridad y la integridad electoral. Esta alta tasa de error demuestra que el sistema de votación de Dominion tiene fallas y no cumple con las leyes electorales estatales o federales. Dichos errores sistémicos están diseñados intencionalmente para generar más errores, con el fin de llevar un gran volumen de boletas a una adjudicación masiva”. (5)
Giuliani afirmó que las máquinas de conteo de votos de Smartmatic son “hackeables” y que el sistema de escrutinio automatizado de votos de Dominion “es propiedad de Smartmatic” y fue utilizado durante las elecciones presidenciales americanas de 2020 “a través de una empresa intermediaria conocida como Indra”. Sidney Powell, otra abogada de Donald Trump, declaró en ese mismo sentido y detalló que el escrutinio en Gettysburg, Pennsylvania, fue mal hecho, que los observadores electorales “no pudieron ver cómo se contaban los votos enviados por correo y que los votos falsos fueron usados potencialmente para empujar a Joe Biden a la victoria”.
La respuesta de Dominion a las denuncias ha sido la de entablar demandas contra más de 150 personas. Dominion dice que las acusaciones han afectado mucho su negocio y que han puesto en peligro a sus empleados. Los ingresos anuales de esta empresa, la segunda más grande de su tipo en Estados Unidos, fueron de 40,15 millones de dólares en 2021. También envía cartas para amenazar con posibles litigios a figuras de derecha, como el abogado pro-Trump Lin Wood, y a los presentadores de Fox News y a Melissa Carone, que Giuliani mencionó como posible testigo de los supuestos intentos de fraude electoral.
Alison Durkee, periodista de la Agencia Forbes, informó (6) que los demandados se mantienen firmes y que Newsmax, una cadena web de información conservadora, argumenta que las demandas de Dominion y Smartmatic son “un claro intento de aplastar los derechos de la prensa libre”. Fox News dijo, por su parte, tras ser demandado, que “está orgullosa de su cobertura de las elecciones de 2020” y que se “defenderá enérgicamente” contra el litigio. Giuliani dijo que la demanda contra él es “otro acto de intimidación por parte de la izquierda llena de odio”.
¿Sera que Indra adoptará el método brutal de las demandas y de las amenazas contra los que critiquen el negocio que trata de hacer en Colombia con la Registraduría? Esperemos que la firma española no siga aquellos malos ejemplos.
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