Es poco probable que la iniciativa de activar la Carta Democrática en Venezuela prospere.
El Premio Nobel de Paz de 1984 y líder de la lucha sudafricana para la abolición del apartheid, Desmond Tutu, en palabras recogidas por Robert McAfee en su libro Unexpected News, afirmó: “Si eres neutral ante situaciones de injusticia, habrás elegido el bando del opresor. Si un elefante pisa con su pata la cola de un ratón, y tu afirmas que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad”.
El pasado 30 de mayo, el Secretario General de la OEA solicitó al Presidente del Consejo Permanente de esa organización, convocar a sesiones extraordinarias entre el 10 y 20 de junio, con el fin de estudiar la imperativa aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a la situación de Venezuela. En la misiva de 131 páginas que recogen de manera detallada y con gran juicio la crisis vivida por el país suramericano, el Secretario Luis Almagro, resalta la importancia de permitir la realización del referéndum revocatorio, entendiendo que la manifestación de la voluntad del pueblo en las urnas es la única salida a un sistema político polarizado –algo que no nos debe sonar tan extraño a los colombianos acostumbrados a hablar de refrendación–.
Pero antes de dar trámite a la solicitud de Almagro, la representación de Venezuela llamó la atención del Consejo de la OEA, convocándolo a discutir una resolución de apoyo a la “institucionalidad democrática, el dialogo y la paz” en su país. A ésta, la acompañó otro Proyecto de Declaración presentado por Argentina con patrocinio de Estados Unidos, Barbados, Honduras, México y Perú. Las dos, propuestas de declaraciones blandas que motivaban al dialogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, pero que no reconocían la dramática realidad vivida por los venezolanos.
El resultado de la discusión que inició el 1º de junio a las 11 am, fue una declaración adoptada por consenso, tan blanda como los proyectos de donde surgió. Lo más indignante, es que países como Colombia o Estados Unidos que reconocieron que la Declaración no decía todo lo que debía decir, se plegaron sin mucha oposición a la mayoría.
La crisis que afronta Venezuela no sólo demuestra la fragilidad de su democracia, sino también la de todo el continente y la de la Organización hemisférica que encuentra, en ese valor, su razón de ser. La falta de medidas efectivas y el indolente letargo en que se ha sumido la OEA para adoptarlas, no sólo genera un costo altísimo que tienen que seguir pagando la nación vecina, sino que, además, pasará una histórica factura a la institución que, comprometida con la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ignoró a un pueblo que clama por su solidaridad.
Algún día, ojalá más temprano que tarde, volverá la normalidad a Venezuela, será respetada la voluntad popular y sus instituciones recuperarán la legitimidad y estabilidad necesarias para lograr el bienestar de su gente. Pero en ese momento, aquellos que decidieron ser aquiescentes con un régimen dictatorial que atenta contra los derechos de su pueblo, los mismos que se escudaron en el principio de soberanía y no intervención para darle la espalda al hambre y el terror, tendrán que responder por su silencio.
Resulta desconcertante que en esta parte del mundo no se haya aprendido de los errores vividos en otras latitudes. Que costoso fue el mutismo y la inactividad de las Naciones Unidas mientras los cascos azules impávidos presenciaban en primera fila la masacre de Tutsis a mano de los Hutus en Ruanda. Por eso, el mundo entendió que esa situación no se podía volver a presentar y que todos los países tienen la responsabilidad de proteger a la población de un Estado cuando su Gobierno lo lleve a una catástrofe humanitaria.
¿Será que los países miembros de la OEA necesitan una masacre en Venezuela para actuar? Porque la muerte de niños por desnutrición y falta de acceso a medicamentos, la violación a la libertad de prensa y de expresión, la persecución a la oposición y la vulneración del debido proceso en contra de sus miembros, el desconocimiento de la separación de poderes y de la voluntad popular, o la cooptación del poder judicial (todos estos hechos detallados en el informe del Secretario General de la OEA) entre muchos otros hechos, no ha resultado ser suficiente.
Ojalá no sea así, y lo que comenzó con una actuación valiente del Secretario General de la Organización, termine con medidas que reconozcan la magnitud de la crisis democrática y humanitaria que vive nuestro país hermano, revindicando la Institución que parece tener una única voz valerosa en Luis Almagro.
*Profesor de la Maestría en Derecho Internacional,
Universidad de La Sabana
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