El orden ha sido el mismo: Duque, Petro, Fajardo, Vargas, de La Calle. Los porcentajes varían, pero, en general, puede decirse que se mantienen las diferencias dentro de ciertos rangos. Todo indica, entonces, que la decisión la tomarán los colombianos entre Iván Duque y Gustavo Petro. El veredicto popular, pues, tendrá que ver con dos visiones distintas sobre el modelo de desarrollo del país.
Duque, acompañado por Marta Lucía Ramírez, propende por el imperio de la ley, y el impulso al emprendimiento privado para alcanzar la equidad. Lo que buscan es una economía dinámica, que crezca a altas tasas, solidaria y cristiana a fin de tener buena política social, avanzar hacia la igualdad de oportunidades y generar empleo.
La batalla contra la corrupción, fundamentada en los principios de que sí se puede combatirla con éxito y cero tolerancia, apunta, entre otras medidas, a acabar con los beneficios para los corruptos.
Nada de casa por cárcel a los ladrones del patrimonio de todos, nada de rebaja de penas para que salgan a disfrutar de la riqueza adquirida de forma criminal, y medidas de extinción de dominio rápida a los bienes de los depredadores de los recursos de los ciudadanos.
Se trata de una propuesta dirigida a bajar impuestos, subir salarios y congelar temporalmente el predial. Es un programa con visión de futuro, apegado al objetivo del desarrollo sostenible, que busca producir conservando y conservar produciendo, para que haya más empleo formal y combatir la desigualdad.
La otra propuesta, la de Petro, es una especie de versión colombiana del chavismo, vale decir, de la acción gubernamental que ha conducido al hermano pueblo de Venezuela a la desaparición de la democracia, el debilitamiento económico, la escasez y el hambre.
Los líderes de distintos países en donde esa visión se transformó en política de Estado, se definieron en la primera etapa de su gestión como demócratas y humanistas que buscaban la igualdad. Al final, la historia los registra como dictadores y tiranos que conculcaron las libertades y acabaron con la iniciativa privada para mantener el poder de un Estado absolutista.
Las líneas de ese pensamiento, traducido en política pública se ensayaron en 27 países en el siglo XX, y fracasaron en todos ellos. Eso de comprarle las tierras al doctor Ardila Lülle para repartirlas, y subir mucho el predial rural para que los propietarios de áreas improductivas –dice él– se vean obligados a venderle al Estado, hace recordar, inevitablemente, a Chávez.
Las alternativas son claras, como claro es que lo que le conviene a Colombia es construir un futuro mejor para todos mediante la legalidad, el emprendimiento y la equidad que propone Iván Duque. Los colombianos queremos vivir y trabajar tranquilos.
Duque, acompañado por Marta Lucía Ramírez, propende por el imperio de la ley, y el impulso al emprendimiento privado para alcanzar la equidad. Lo que buscan es una economía dinámica, que crezca a altas tasas, solidaria y cristiana a fin de tener buena política social, avanzar hacia la igualdad de oportunidades y generar empleo.
La batalla contra la corrupción, fundamentada en los principios de que sí se puede combatirla con éxito y cero tolerancia, apunta, entre otras medidas, a acabar con los beneficios para los corruptos.
Nada de casa por cárcel a los ladrones del patrimonio de todos, nada de rebaja de penas para que salgan a disfrutar de la riqueza adquirida de forma criminal, y medidas de extinción de dominio rápida a los bienes de los depredadores de los recursos de los ciudadanos.
Se trata de una propuesta dirigida a bajar impuestos, subir salarios y congelar temporalmente el predial. Es un programa con visión de futuro, apegado al objetivo del desarrollo sostenible, que busca producir conservando y conservar produciendo, para que haya más empleo formal y combatir la desigualdad.
La otra propuesta, la de Petro, es una especie de versión colombiana del chavismo, vale decir, de la acción gubernamental que ha conducido al hermano pueblo de Venezuela a la desaparición de la democracia, el debilitamiento económico, la escasez y el hambre.
Los líderes de distintos países en donde esa visión se transformó en política de Estado, se definieron en la primera etapa de su gestión como demócratas y humanistas que buscaban la igualdad. Al final, la historia los registra como dictadores y tiranos que conculcaron las libertades y acabaron con la iniciativa privada para mantener el poder de un Estado absolutista.
Las líneas de ese pensamiento, traducido en política pública se ensayaron en 27 países en el siglo XX, y fracasaron en todos ellos. Eso de comprarle las tierras al doctor Ardila Lülle para repartirlas, y subir mucho el predial rural para que los propietarios de áreas improductivas –dice él– se vean obligados a venderle al Estado, hace recordar, inevitablemente, a Chávez.
Las alternativas son claras, como claro es que lo que le conviene a Colombia es construir un futuro mejor para todos mediante la legalidad, el emprendimiento y la equidad que propone Iván Duque. Los colombianos queremos vivir y trabajar tranquilos.
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