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lunes, 10 de septiembre de 2018

La visita de Donald Trump a Colombia

Por María Fernanda Cabal *

En medio de la anarquía institucional en Colombia, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vendrá en visita oficial para discutir temas de vital importancia bilateral como la seguridad, la lucha antidrogas y la crisis en Venezuela. Mientras en casa las instituciones han sido elásticas con la delincuencia, Estados Unidos exigirá resultados: los millonarios desembolsos para lucha antidrogas en Colombia no pueden ser desestimados.

El proceso de paz ha arrojado las peores cifras en crecimiento de cultivos de coca y el gobierno Trump ha pedido la extradición de alias Jesús Santrich, uno de los grandes capos del narcotráfico. Pareciera entonces que los caminos que han escogido recorrer las Cortes en Colombia y el nuevo ente de justicia JEP, van en contravía de las sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro socio más importante;  pues el engranaje normal de las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación contra los delitos transnacionales se ha visto vulnerado por todas las trapisondas del proceso de paz.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este viernes que abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP por presuntos encubrimientos en la salida de nueve delincuentes de las FARC de las zonas de normalización. Asimismo declaró que la Fiscalía tiene evidencias de funcionarios que estarían planeando fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe, cumpliendo con la Constitución y la ley, lo que llevaría al incumplimiento por parte de las FARC con el acuerdo, con las obvias consecuencias que ellos aceptaron al firmarlo.

No es de poca monta el nivel de los compromisos de Colombia frente a su aliado más poderoso. Por eso, preocupa mucho el resultado de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional, con la que se pretende tumbar el artículo que prohíbe a la JEP “practicar pruebas para determinar la fecha de ocurrencia de hechos delictivos”, competencia que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Pretender buscar la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 502 de la Ley 906 de 2004, podría acabar con la extradición en Colombia y, en consecuencia, incumplir con el  tratado internacional relacionado con el lavado de activos.

El caso Santrich ha conducido a un entramado debate constitucional en materia de extradición, tratando de adjudicar a la JEP competencias que no le corresponden y queriendo incorporar a su reglamentación artículos leguleyos para favorecer al capo. ¿Qué seriedad, ante nuestro más importante aliado estratégico, puede reflejar que este proceso de paz otorgó privilegios sorprendentes a los terroristas y ahora los beneficiados continúen delinquiendo, con la pretensión de seguir siendo cobijados con la impunidad?


*María Fernanda Cabal es senadora colombiana. Miembro del partido Centro Democrático, Bogotá

miércoles, 1 de agosto de 2018

El verdadero delito que le imputan a Uribe

Por Eduardo Mackenzie
@eduardomackenz1
30 de julio de 2018

A la querida colega María Isabel Rueda no le quede duda alguna: en ninguna parte está probado que el presidente Álvaro Uribe ha manipulado testigos. María Isabel dice que no sabe “en qué parte se encuentra probado que Uribe estuviera manipulando directamente testigos”. No es cuestión de saber. Es cuestión de constatar. Eso no lo puede verificar nadie pues no hay prueba, ni principio de prueba, de tal delito. Los magistrados que estructuraron el texto más reciente de 11 páginas destinado a provocar un interrogatorio del acusador de Iván Cepeda, el expresidente Uribe, texto que redactaron hasta con faltas de redacción, de ortografía y de puntuación, no tienen pruebas de eso.
Lo que tienen son conjeturas, alegaciones, teorías, decires. Tienen las acusaciones de un fanático jefe comunista que trata de imponer sus visiones. Tienen montajes tan burdos que son inservibles, pues no resisten un examen. Y tienen, sobre todo, una creencia: que con la muletilla “al parecer”, se puede fabricar una acusación creíble, una realidad, un mundo. Cuentan, además, con una sutil confusión aceptada por las personas distraídas: creer que un hecho no probado pesa tanto jurídicamente como un hecho cumplido.


Estamos muy lejos de los niveles de validación de las pruebas en un Estado de Derecho. Pues la Colombia de Juan Manuel Santos no es, desgraciadamente, un Estado de Derecho. Por eso es que Colombia está en vilo en estos instantes: todos tememos que esa justicia monstruosa, truculenta, sin rigor lógico, construida mediante amenazas y corrupción desaforada, logre sus objetivos de meter a un expresidente, a un ciudadano inocente, en una cárcel.
Seamos realistas. El presidente Uribe ha sido acusado por el juez Luis Barceló del delito de contra-revolución. Eso es lo que está en juego, en realidad, tras las bambalinas de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (que en otros países es una instancia última). Ese es el enunciado no escrito de su verdadero delito: la contra-revolución.


Es un delito político, que no está en ningún código colombiano. Pero lo están tratando de aplicar en esos momentos. Ese delito sí figura en el código que el grupo de Iván Cepeda sigue a rajatabla: el código penal de la URSS, redactado en 1927 por los “juristas” bolcheviques. Varias veces reformado para hacerlo más opresivo, ese texto constituía, con el arsenal de órdenes y decretos de Lenin y con la famosa Constitución de Stalin, la base legal del terror del Estado soviético.


Esa historia de unos “testigos” que acusan a Álvaro Uribe de reunirse con paramilitares en el obscuro rincón de una finca, hace 30 años, es pura basura. Eso lo sabe el señor Barceló. Es pura construcción artificial, pura fiebre vengativa. Cepeda no adopta su pose de justiciero rabioso contra Uribe porque éste haya violado los derechos humanos de alguien, o dado órdenes a testigos como los que Cepeda dice tener. ¡Qué va! Lo que alimenta su cólera, su rebote biliar, su fanatismo bubónico, desde hace más de 20 años, es que Uribe es un luchador de la libertad. Es, en efecto, un político y un jefe de 

Estado que combatió con todo su ser a las Farc y su programa de destrucción de Colombia. En eso Colombia no se equivoca. Colombia vé en Álvaro Uribe un salvador de la Patria. Cepeda y sus cómplices ven en Uribe un muro contra las Farc. Y quieren hacerle pagar eso. Utilizando un código oculto.


Dejémonos pues de tomar en serio las acusaciones y los argumentos de los jueces que se pusieron al servicio de Cepeda, en acto bochornoso que termina siendo una deshonra para quienes lucharon durante 198 años para hacer de Colombia un Estado de Derecho. En otras épocas, Colombia logró eso y tuvo juristas y jueces de gran altura que se merecían el adjetivo de magistrados.


Lo de ahora es distinto: postura, decorado, farsa, gesticulaciones, torva ciencia jurídica, códigos penales furtivos, dineros bajo la mesa, y no sé qué horrores más.
No es sino ver la lógica de lo que Luis Barceló llama “abrir investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga”. Todo el asunto está en eso de abrir “investigación en contra”. En un sistema democrático la investigación judicial tiene una meta: averiguar y establecer la verdad objetiva. Aquí, en la acción de Barceló, al abrir la investigación, el acusado ya está condenado, su defensa es inútil, pues la investigación es “en contra”, cuando debería ser una investigación imparcial, sobre unos hechos probados. Hay una regla de oro en estas materias, que Barceló conoce pero que no utiliza: el juez instructor debe investigar a cargo y descargo, pues en eso consiste el debido proceso.


En el caso que nos ocupa, no hay investigación. Lo que trata de hacer el juez es confirmar por los medios más variados y hasta por los medios más dudosos, que el investigado es un culpable. ¿No han visto como el senador Uribe explica que pruebas de descargo allegadas por sus abogados no fueron tenidas en cuenta o han desaparecido?
Esto es puro derecho soviético.


El derecho soviético al menos tenía una cierta coherencia. “El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora”, escribió Lenin. La ley soviética era un instrumento de la​ revolución. El tribunal no era un poder independiente, era un instrumento de terror contra la población. Su objetivo es eliminar el enemigo del proletariado, etc. Así, el régimen comunista rompió con el principio “burgués” de la independencia de la justicia respecto de los gobiernos y de que toda sentencia es construida sobre la base de principios objetivos formulados por las leyes. Y de que el juez es quien debe dar al acusado la prueba o las pruebas de su delito y no lo contrario.


Concebir el tribunal como un instrumento de poder, como un garrote para defender un Estado, o unos intereses revolucionarios, es el abominable derecho comunista.
Ese es el derecho que quieren aplicarle al expresidente Uribe bajo una capa cosmética. Pues él es un culpable, un enemigo de la revolución.


Otro signo confirma esa triste forma de impartir justicia.
Barceló/Cepeda le reprochan a Uribe “desviar la atención de la justicia”. Lo acusan de “tratar de desmentir” una serie de embustes. Creen que en ese expediente, antes de que termine la investigación, está ya “tipificado el delito de soborno” y el “fraude procesal”. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que los molesta tanto? Les molesta que el senador Uribe y sus abogados, en un acto totalmente necesario, legal y legítimo, traten de responder a los acusadores, traten de defender su honorabilidad, de derribar las falsas denuncias. Uribe se hace culpable de acudir a las vías de derecho para pedir justicia y para mostrar la venalidad de sus detractores. Eso lo ven como un acto inaceptable. Es la lógica invertida que está en juego. Uribe pide justicia, pide la protección del derecho, y eso es un delito pues su acción podría destapar la acción oculta y los intereses de un senador comunista.


¡Eso está ocurriendo hoy en Colombia!
Ese tipo de derecho es aplicado en Cuba y quizás en Venezuela. Y en Colombia, por el momento. Ese tipo de derecho podría consolidarse y transformarse en un bloque de hormigón, si los ciudadanos no nos oponemos. Si Santos y su pupilo Petro hubieran ganado la elección presidencial de mayo, ese derecho soviético habría aparecido a la luz del día.


Pero ellos perdieron la presidencia de la República. Y el proceso contra Uribe debe tener, según ellos, una consecuencia brutal, rápida, la privación de libertad de un ciudadano central para la democracia, la muerte política de éste, para que esa justicia abyecta siga creciendo en la sombra. Esa justicia debe ser, por el contrario, derribada del todo y cuanto antes, para que las libertades, las leyes, las garantías y los principios de derecho vuelvan a Colombia.
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martes, 10 de julio de 2018

La ley es para todos: Abelardo De La Espriella

Por: Abelardo De La Espriella

Dos casos aberrantes de aplicación selectiva de la ley se dan por estos días en Colombia, precisamente en cabeza de un par de ciudadanos que han sido socios políticos y aliados estratégicos, por cuenta de sus particularísimos intereses y de la “mermelada”, representada en jugosos e inoficiosos contratos estatales. Me refiero a Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. El primero, designado por un sector de la sociedad (y por él mismo) como el “faro moral de la República”, el ideólogo de la cultura ciudadana; el segundo, el presidente más nefasto que ha tenido esta patria en toda su historia, quien, para gobernar de manera poco ortodoxa (por no decir delincuencial) y manipular a su antojo las tres ramas del poder público y a los medios de comunicación, terminó incluso comprando a aquellos que se decían incorruptibles.
No tengo nada personal contra Mockus (creo que está sobrevalorado, pero ese es otro tema); mis reparos a su incontrovertible inhabilidad para ser senador no obedecen a intereses políticos, como algunos de sus aliados pretenden hacerlo ver; simplemente actúo en defensa de la legalidad e impulsado por la grima que me produce ver a un supuesto “adalid de la ética,” como el profesor Antanas, promoviendo la interpretación sesgada de la norma constitucional (artículo 179) que prohíbe expresamente aspirar a congresista a aquellas personas que hayan de cualquier manera intervenido en la gestión de negocios o celebración de contratos ante entidades públicas, dentro de los 6 meses anteriores a la elección.Mockus, en un lapso menor que el señalado por el reseñado artículo de la Carta Política, aún era presidente de Corpovisionarios y, además, presidía la junta directiva de ese “parapeto” dedicado a hacer informes gaseosos y a elucubrar improbables teorías sobre asuntos ininteligibles. Por esas “bolas de humo”, en los últimos años, Mockus recibió miles de millones de pesos en contratos, con los que fue beneficiado por el gobierno del tartufo, y otro tanto producto de negocios directos con alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas.
Que Mockus se haya hecho conocer mostrando el “orto” ante un auditorio lleno de estudiantes, que en sus años mozos sirviera (según su propia confesión) de auxiliador de la guerrilla y que, además, se hubiese enriquecido exprimiendo al Estado a través de contratos chimbos, parece no importarles a sus votantes ni a las autoridades; pero lo que a la postre no podrán soslayar ni los unos ni los otros es la inhabilidad que pesa sobre él, así el Consejo Nacional Electoral y sus prevaricadores magistrados pretendan torcerle el pescuezo a la ley (desconociendo sus propias decisiones anteriores frente a casos como el de Mockus, pero en sentido contrario). Es evidente que hay plena prueba que corrobora que la elección de Mockus está viciada. Ya veremos qué pasa en el Consejo de Estado, que, para complacer a la “mamertería”, tendría que cambiar radicalmente su vasta y definida línea jurisprudencial sobre el asunto.
El otro intocable: Juan Manuel Santos. Las grabaciones de Roberto Prieto reveladas recientemente corroboran lo que todos sabíamos desde hace rato: el Presidente y su círculo más próximo están involucrados hasta el cogote en la financiación ilegal de las campañas de Santos por parte de la tristemente célebre constructora Odebrecht. A pesar del abundante material probatorio contra Santos, hace pocos días la Comisión de Acusaciones archivó la indagación preliminar que por esos hechos contra él cursaba en esa célula investigativa.
Santos autorizó la entrada de la plata a sus campañas; su íntimo amigo Roberto Prieto implementó el entuerto, y ya en el poder los brasileños fueron recompensados con importantes y billonarios contratos, otorgados por el presidente y sus subalternos. La trazabilidad de ese andamiaje criminal está perfectamente dilucidada por la Fiscalía General. El ente acusador también tiene certeza sobre el papel que cumplió la fundación Buen Gobierno en ese entramado de sobornos. ¿Qué dirá al respecto el mentecato de Martincito Santos?
En una democracia, no puede haber ciudadanos de primera y otros de tercera. La ley debe hacerse valer para todos sin distingos de ninguna clase. En realidad, lo único que hace iguales a los hombres es la ley. Si queremos recuperar la institucionalidad perdida, es menester que el Consejo de Estado actúe en derecho y anule la elección de Mockus como senador; y la comisión de acusaciones deberá también hacer lo que corresponde: reabrir, con base en las nuevas pruebas conocidas, la investigación contra Santos por sus vínculos retorcidos con Odebrecht.
No todo vale, señores, así la doble moral sea la regla general en esta sociedad.
La corrupción tiene muchas caras.
La ñapa I: El magistrado del CNE Alex Vega es quien ha movido los hilos para el Gobierno en esa corporación: cada vez que Santos necesita meterle mano a los asuntos electorales, el lacayo de Vega actúa solícito. Este oscuro personaje aspira a ser registrador. Faltaba más que recibiéramos semejante herencia del peor presidente que ha tenido Colombia.
La ñapa II: Si, como afirma Héctor Helí Rojas (magistrado del CNE), para justificar la imposibilidad de no declarar la elección de Mockus, “hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que las autoridades administrativas no tienen competencia para quitarle el mandato a una persona elegida popularmente”, ¿entonces la elección es automática y no requiere acto administrativo alguno que la declare y los congresistas tienen mandato? ¡Sea serio magistrado!

lunes, 21 de mayo de 2018

Una vergüenza llamada JEP

Por Abelardo De La Espriella

Desde un principio lo dije: la JEP será un tribunal de la venganza, que perseguirá a los enemigos históricos de la izquierda radical y exculpará las atrocidades de la guerrilla, cubriéndolas de un manto de impunidad asqueante. No exageraba tampoco cuando advertí, a través de mis columnas de opinión, que la JEP operaría como un cuerpo judicial politizado e ideologizado, que tendría entre sus propósitos reescribir la historia, para presentar a los terroristas, asesinos y miserables de las Farc, como una organización loable alzada en armas, supuestamente para defender los derechos del pueblo oprimido.

Nada bueno podía salir de la JEP, siendo cosecha de la propia guerrilla y de sus cercanos y oscuros asesores, a saber: Enrique Santiago, Álvaro Leyva, Juan Carlos Henao y Eduardo Montealegre. Es la primera vez en la historia contemporánea que quienes supuestamente van a ser procesados tienen la posibilidad de escoger el mecanismo por medio del cual habrán de ser juzgados. Así de claro: la JEP fue una imposición de la guerrilla al gobierno de Juan Manuel Santos, que, a la postre, no solo terminó complaciendo en ello a Timochenko y sus secuaces, sino que, adicionalmente, sometió a la institucionalidad y a la democracia a toda suerte de humillaciones y dislates, en procura de saciar la infinita vanidad de un grupo de bandidos que consideran que la sociedad colombiana les debe respeto, obediencia y sumisión.
Ante la decisión abiertamente ilegal e inconstitucional de la JEP de suspender la extradición del narcotraficante alias Jesús Santrich a los Estados Unidos, ha quedado probado más allá de toda duda razonable que la JEP es la corte de las Farc. Si aún sin reglamentación, sin haber empezado a funcionar, pasan cosas como esta, y la JEP se arroga competencias que no tiene, cuando adquiera dientes, literalmente sus magistrados se tomaran el país. Como van las cosas, las Farc van a conseguir en los estrados judiciales la victoria que les fue esquiva en el monte, sometiendo a sus enemigos y al Estado de Derecho con los fallos de la JEP.
Ya lo dije antes también: “Tomarse la justicia no es un invento de las Farc. Desde Mao, en la China Popular, pasando por la Cuba oprimida de los sátrapas Castro Ruz, y la Venezuela arruinada de los tiranos Chávez y Maduro, la izquierda radical ha implementado el método inveterado de cooptar y adueñarse de los órganos jurisdiccionales, para aniquilar moralmente a sus oponentes: si las balas o las bombas no pudieron en su momento silenciar las voces disidentes, de seguro una injusta sentencia de encarcelamiento logrará ese cometido”.
La mayoría de los magistrados de la JEP son afines ideológicamente a las Farc, y están ahí para complacer a esos malhechores y no para hacer justicia verdadera. La labor de un juez es fundamental para una sociedad, y para ejercer ese apostolado se requieren especialísimas calidades humanas y profesionales escasas por los lados de la JEP; pero, por sobre todas las cosas, lo que hace al final del día que la justicia opere es la independencia de los jueces, atributo imposible de predicar en aquellos funcionarios de la JEP, que llegaron ahí con el “visto bueno de las Farc”. Que a nadie le quepa la menor duda: la JEP está al servicio de las Farc.
La JEP es un esperpento jurídico que nace del desconocimiento de la voluntad popular que dijo NO a los acuerdos de la Habana, un bodrio avalado por un Congreso comprado y una judicatura entregada al régimen, que debe ser excluido del ordenamiento legal colombiano. Sin eufemismos: hay que acabar con la JEP cuanto antes. Dicho cometido deberá ser una prioridad nacional en los próximos meses.
La ñapa I: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos debería acusar por obstrucción a la justicia a los magistrados de la JEP que ordenaron la suspensión de la extradición de Santrich. Mientras eso ocurre, que les vayan quitando las visas por corruptos.
La ñapa II: Hidroituango es más que un elefante blanco: es un monstruo de mil cabezas. Lo que se viene haciendo para obviar la búsqueda de responsables es una infamia arropada de falsa solidaridad. El nombre de los culpables de la debacle debe conocerse ya, porque en esa madeja hay mezclada corrupción. En buena hora el Fiscal General persigue la pista de los sobornos que hay tras bambalinas. ¿Será que el paquetazo y vendedor de humo de Sergio Fajardo tiene algo que decir al respecto?

martes, 8 de mayo de 2018

Duque vs. Petro

Por Carlos Holmes Trujillo G.
Es verdad que la política se volvió impredecible a raíz del debilitamiento de los partidos, el crecimiento de los independientes y el impacto instantáneo de múltiples sistemas de comunicación e información. No obstante, en la actual campaña presidencial las tendencias parecen tener un claro nivel de consolidación. Esa es la conclusión que permiten sacar todas las encuestas realizadas después del 11 de marzo.
El orden ha sido el mismo: Duque, Petro, Fajardo, Vargas, de La Calle. Los porcentajes varían, pero, en general, puede decirse que se mantienen las diferencias dentro de ciertos rangos. Todo indica, entonces, que la decisión la tomarán los colombianos entre Iván Duque y Gustavo Petro. El veredicto popular, pues, tendrá que ver con dos visiones distintas sobre el modelo de desarrollo del país.

Duque, acompañado por Marta Lucía Ramírez, propende por el imperio de la ley, y el impulso al emprendimiento privado para alcanzar la equidad. Lo que buscan es una economía dinámica, que crezca a altas tasas, solidaria y cristiana a fin de tener buena política social, avanzar hacia la igualdad de oportunidades y generar empleo.

La batalla contra la corrupción, fundamentada en los principios de que sí se puede combatirla con éxito y cero tolerancia, apunta, entre otras medidas, a acabar con los beneficios para los corruptos.

Nada de casa por cárcel a los ladrones del patrimonio de todos, nada de rebaja de penas para que salgan a disfrutar de la riqueza adquirida de forma criminal, y medidas de extinción de dominio rápida a los bienes de los depredadores de los recursos de los ciudadanos.

Se trata de una propuesta dirigida a bajar impuestos, subir salarios y congelar temporalmente el predial. Es un programa con visión de futuro, apegado al objetivo del desarrollo sostenible, que busca producir conservando y conservar produciendo, para que haya más empleo formal y combatir la desigualdad.

La otra propuesta, la de Petro, es una especie de versión colombiana del chavismo, vale decir, de la acción gubernamental que ha conducido al hermano pueblo de Venezuela a la desaparición de la democracia, el debilitamiento económico, la escasez y el hambre.

Los líderes de distintos países en donde esa visión se transformó en política de Estado, se definieron en la primera etapa de su gestión como demócratas y humanistas que buscaban la igualdad. Al final, la historia los registra como dictadores y tiranos que conculcaron las libertades y acabaron con la iniciativa privada para mantener el poder de un Estado absolutista. 

Las líneas de ese pensamiento, traducido en política pública se ensayaron en 27 países en el siglo XX, y fracasaron en todos ellos. Eso de comprarle las tierras al doctor Ardila Lülle para repartirlas, y subir mucho el predial rural para que los propietarios de áreas improductivas –dice él– se vean obligados a venderle al Estado, hace recordar, inevitablemente, a Chávez.

Las alternativas son claras, como claro es que lo que le conviene a Colombia es construir un futuro mejor para todos mediante la legalidad, el emprendimiento y la equidad que propone Iván Duque. Los colombianos queremos vivir y trabajar tranquilos.

sábado, 17 de marzo de 2018

Centro Democrático: No hay tiempo que perder

Por Eduardo Mackenzie  (Periódico Debate, Col)
@eduardomackenz1

De hoy al 27 de mayo no quedan sino 72 días. No es mucho tiempo para dotarse de un plan coherente para ganar la elección presidencial. Pues ganar esa elección no será fácil. No será una repetición de la votación del 11 de marzo. No será cuestión de buscar uno o dos aliados más. Será un combate de todos los días. Pues hay que ganar inmensas franjas de la opinión, las cuales están encuadradas por partidos. Unos de éstos están en el poder, otros no. Y uno de esos partidos, el de Vargas Lleras, el segundo en votos, aspira también a ganar la presidencia. No hay tiempo que perder.  

Algunos piensan que la elección presidencial será para impedir que la izquierda llegue al poder. Olvidan que la izquierda, la que representa Petro, las Farc y los otros, ya está en el poder. Santos es su jefe y esa izquierda no está dispuesta a perder esa posición el 27 de mayo. Esa izquierda está dispuesta a aplicar a rajatabla los pactos Farc-Santos. Defenestrarlos para salvar a Colombia no será cosa fácil. Habrá que hacerlo, pero será un combate, una guerra total. Guerra total pues ellos, los que están atornillados en la Casa de Nariño, lo quieren así. Lo vimos el 11 de marzo.

No sabemos siquiera si Santos está negociando la continuidad de su política, sobre todo respecto de las Farc, con Vargas Lleras o con Petro. Petro es la cabeza visible del chavismo en Colombia, pero Vargas Lleras, quien fue el vicepresidente de Santos, fue quien sacó más ventaja de la jornada electoral. Ese enigma pulveriza la aritmética en la que algunos creen. Nada indica que la elección presidencial ya está ganada, ni que Duque “barrerá en la primera vuelta”. Ese análisis es inepto. La candidatura de Petro plantea problemas específicos, pues no es un candidato como los demás. Tiene un apoyo internacional. Hay países que cuentan con él para preservar sus intereses. Y obrarán en consecuencia.

Colombia no es un cantón suizo, donde las elecciones son impecables. Lamentablemente, las peores ilegalidades son posibles en nuestro país: compra de votos, escamoteo de urnas, fraude en el escrutinio, desinformación de electores durante la campaña, golpes bajos de hackers intoxicadores, campañas de calumnias, ciberataques contra los partidos, dineros calientes, atronadoras campañas audiovisuales, violencia armada, bloqueos de vías, etc. No creamos que nada de eso veremos en estos 72 días.

¿Qué fue lo que descubrimos el 11 de marzo? Que el proceso electoral colombiano es frágil y manipulable. Que los tarjetones crean confusiones y que los jurados, no integrados por ciudadanos de todos los sectores --pues vienen de ciertos círculos politizados--, se prestaron a realizar una operación ilegal: escamotear los tarjetones de la consulta de la derecha y adulterar decenas miles de esos mismos tarjetones. No fue un error, fue un saboteo planificado a escala nacional. Más de cinco millones de votos (5.846.207) fueron declarados nulos o no marcados o en blanco, a todos los partidos. No se sabe cuántos votos fueron anulados o declarados como no marcados o en blanco al Centro Democrático. A las dos consultas partidarias, 332.250 votos fueron anulados o declarados no marcados. Esa tasa de anulación de votos es anormal, muestra que el sistema de tarjetón es confuso. Finalmente, la Registraduría hizo la lista de quienes tomaban el tarjetón de la consulta de la derecha y de la izquierda. Eso es escandaloso.

La pretendida escasez de tarjetones fue el elemento distractor para realizar otra operación no menos abyecta: el robo de curules para el Senado. ¿La disparidad entre los votos por Duque y la votación del CD para el Congreso no exige una explicación? Para completar, vimos cómo se hace la compra de votos. En una casa de Barranquilla, la Fiscalía decomisó armas, 260 millones de pesos en efectivo, información electoral, mercados, plantillas sin utilizar y computadores. ¿En cuántas otras ciudades ocurre lo mismo? ¿Cuándo las descubrirán?

Personalidades claves en la lucha contra las Farc y la subversión marxista quedaron por fuera del nuevo Senado: el Coronel (r.) Alfonso Plazas, héroe del Palacio de Justicia, y la senadora Sofía Gaviria, dirigente de la asociación de víctimas de las Farc, no obtuvieron los votos suficientes, dijo la Registraduría. Muy extraño. Al mismo tiempo, diez bandidos de las Farc tendrán, gratuitamente, curules en el Senado y en la Cámara baja. No es todo. Después continuaron las arbitrariedades: la Registraduría entregó información errada al Centro Democrático. Una revista electrónica, Los irreverentes, dice que ese partido “está revisando, a través de expertos, los resultados de las elecciones, pues al parecer hay inconsistencias en las cifras reveladas por las autoridades electorales”.

En otras palabras: estamos ante las premisas del típico fraude electoral chavista. En éste, lo clave es contentar a la víctima arrojándole un hueso. El “éxito” de Duque calmó al CD mientras le metían un gol: frenaron la expansión de su bancada en el Senado. Por otra parte, los partidos que colaboran con Santos aparecieron en buena posición y la extrema izquierda mejoró sus posiciones. ¿Quién ganó realmente el 11 de marzo? 

Dos observadores ven más que los otros lo que pasó. Fernando Londoño, dirigente honorifico del CD, no cree la tesis de Duque de que hubo “imprevisión” en lo de los tarjetones. Dice que hubo fraude y pide que se investigue el asunto. Carlos Salas escribió: “Nos dieron el contentillo de la consulta, con ella no pierden nada, mientras acomodaban sus fichas de nuevo en el Congreso. Así ganamos la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, lo que significaba ganar nada de nada.” La víspera yo había dicho lo mismo en mi artículo “¿Manipularon la consulta de la Coalición por Colombia?” (1).

El CD no parece decidido a utilizar las palancas de derecho para saber por qué obro así la Registraduría. ¿Piensa que ella será neutral el 27 de mayo? El CD incluso pide, como Petro, una mayor digitalización del proceso electoral, es decir que haya mayor uso de las máquinas de votar, sistema considerado como no fiable en muchos países. En cambio, Chávez y Maduro utilizan esas máquinas. Ellas explican sus éxitos “electorales”. 

Petro exhibe mucho dinero en su campaña, aunque dice que los bancos no le prestan. Es el mismo lenguaje que utilizó Marine Le Pen en Francia antes de que en Moscú le facilitaran varios millones de euros para su campaña presidencial de 2017. ¿De dónde viene la liquidez que le permite a Petro hacer manifestaciones portátiles con decenas de buses alquilados y pagar costosa e intensiva publicidad televisiva? Nada es peor que un ciego que no quiere ver.


martes, 13 de febrero de 2018

EL PETRO QUE EL PAÍS TIENE QUE CONOCER

Por Iván Cancino  (Tomado de Los Irreverentes, Colombia)

El paquete más grande que ha producido la política colombiana desde la época de la Conquista se llama Gustavo Petro. El sujeto en mención nació en 1960 en un remoto poblado del departamento de Córdoba llamado Ciénaga de Oro y su adolescencia transcurrió en el municipio de Zipaquirá, cerca de Bogotá.
Según sus propias palabras, el malestar de su madre con el probado fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 lo fueron llevando a la extrema izquierda, que no es otra cosa que la mismísima guerrilla o el terrorismo.
Como integrante del violento M-19, Petro –autodenominado en las filas terroristas como “Aureliano Buendía”– fue del montón para abajo, esto es, un guerrillero de cafetería de esos que solo hablan cháchara y que posan de intelectuales, aunque en realidad nunca van al combate y les queda grande un arma en sus manos.
Tan es así, que cuando el 6 y 7 de noviembre de 1985 el M-19 asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, en Bogotá, Petro se encontraba detenido por porte ilegal de armas. ¡Cómo sería de buen “combatiente” que le quedó grande esconder a tiempo y en sitio seguro su arma de dotación!
Pero sigamos ; Cualquiera pensaría que Petro estudió en una universidad pública por razones de coherencia. Uno no ve a un cabecilla guerrillero de su estatura estudiando con los “niños ricos” del país. Atérrense: Petro estudió economía en la Universidad Externado de Colombia, un centro académico que, si bien no se distingue por elitista, es privado y no regala las matrículas.
Firmada la supuesta paz entre el M-19 y el gobierno nacional, Petro se metió de lleno en la política. Fue representante a la Cámara y cuando en 1994 fracasó en su aspiración al Senado terminó de diplomático-lagarto en Europa.
Por esos mismos días de mediados de 1994, Petro recibió en Bogotá a un hombre que con el tiempo se convertiría en su ídolo y referente: el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, quien tras fracasar en su  intento por dar un golpe de Estado en su país fue amnistiado por Rafael Caldera.
De Chávez, Petro aprendió que a Colombia hay que llevarla por el sendero del castro-chavismo, que ser rico es malo (siempre y cuando no sea él o sus familiares), que una vez obtenido el poder no se entrega y que a los enemigos hay que aplastarlos de ser necesario.
En 1998 Petro regresó al Congreso a hacer lo que mejor sabe hacer: a tildar de paramilitar y corrupto a todo aquel que no comulgara con sus ideas o que no dijera que lo mejor del mundo es la guerrilla. Es que a Petro es de los que les gusta hacer creer que si alguna vez mató fue para que otros vivieran y que si alguna vez robó fue para repartir el botín entre sus hermanos los pobres.
El paso de Petro por el Parlamento, en su segunda etapa, estuvo marcado por la búsqueda del desprestigio para sus enemigos políticos. Prácticamente no aportaba nada. Solo denuncias contra sus antagonistas. De nuevo lo mismo: todo el mundo es malo menos él o sus amigos (con el tiempo, sin embargo, también empezó a abandonar y a traicionar a aquellos con los que comió en el mismo plato).
Cuando a finales de 2006 se inició la investigación por la llamada parapolítica, Petro y sus asesores empezaron a hacer de las suyas con el manejo de testigos. Tanto a la Corte Suprema como a la Fiscalía llegaron varias personas enviadas por Petro que dijeron estar listas para declarar en contra de todo lo que oliera a derecha y sobre todo al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para muestra un botón: un tal “Pitirri”, o el oscuro sujeto que, gracias a sus inventos y alucinaciones, terminó viviendo en Canadá –con toda su familia– de cuenta de nuestros impuestos.
En octubre de 2007, Petro apareció abrazando al ganador de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno, quien al frente de ese cargo tuvo una gestión cuestionada por actos de corrupción. Claro que apenas vio que el barco de Moreno se estaba hundiendo, Petro salió corriendo y a unirse al grupo de denunciantes.
El 1 de enero de 2012, Petro se posesionó como alcalde de Bogotá a nombre de un movimiento llamado Progresistas. Fueron cuatro años de infierno para la capital de la República. El pequeño hombre mostró de inmediato el resentido que lleva por dentro.
De entrada prohibió las corridas de toros en la ciudad con el argumento de que la plaza de Santamaría debía ser utilizada solo para eventos en pro de la vida y no de la muerte. Todo un chiste: el ex miembro de una organización terrorista que mató a centenares de personas en contra de la muerte en el ruedo de un astado.
En lo administrativo las cosas también fueron un desastre con Petro. Persiguió hasta el cansancio a los contratistas que él consideraba de derecha. De hecho, en algún momento dejó inundar de basuras a Bogotá porque uno de las empresas recolectoras era de propiedad de un amigo de Uribe.
Ese incidente con las basuras le costó a Petro la destitución de su cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación. Pero, como ya lo hemos contado en este mismo espacio, Petro arrasó con la institucionalidad y desconoció la sanción del Ministerio Público. Apeló a cuanta marrulla judicial estaba a su alcance y, finalmente, la mamerta y entrometida Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno del flojo de Juan Manuel Santos que tenía que restituir a Petro en el inmerecido cargo.
Entonces Santos, cual muchacho chiquito, salió a obedecer con un único fin: que Petro le diera una mano en la segunda vuelta a la Presidencia de 2014. Y así se hizo: todo el poder y el dinero del Distrito Capital fueron puestos a disposición de la campaña santista para poder consumar el fraude en perjuicio del candidato Óscar Iván Zuluaga.
El tema de “manos limpias” no fue el fuerte de Petro durante sus cuatro años como alcalde capitalino. Ríos de tinta corrieron denunciado los torcidos que en favor del empresario Carlos Gutiérrez Robayo –concuñado de Petro– se hicieron desde la Alcaldía de Bogotá.
Pero, claro, para esa época al frente de la Fiscalía General estaba el controvertido Eduardo Montealegre, un personaje nefasto para la administración de justicia que nunca ha escondido sus afectos por la extrema izquierda colombiana.
Ahora nos sorprenden con que Petro encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo. Es el carretazo más bravo que hemos escuchado en los últimos años. Si bien todo parece indicar que Santos apoyará a Petro en los comicios a la Presidencia, aquí solo hay una verdad irrefutable: Colombia no es mamerta muy a pesar de los Santos, de los Petros, de los Cepedas y hasta de los Timochenkos.
P.D. Alguna vez uno de sus mejores amigos de Petro, Daniel García-Peña, le escribió (al conocer que a su esposa la habían sacado por la puerta de atrás de la Alcaldía de Bogotá) que “un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota”.