martes, 18 de junio de 2019

La voz del pueblo


Por Abelardo De La Espriella

Es la voz del Pueblo la única que puede alzarse para tratar de enderezar el camino torcido que emprendimos como sociedad y Estado, cuando nos dejamos robar el triunfo obtenido por el NO en las urnas, a través de un plebiscito que, en franca lid, determinó que el proceso de paz entre Santos y las Farc, palabras más, palabras menos, carecía de legitimidad. 
En esta misma columna lo he venido proponiendo: solamente un Referendo Derogatorio o una Asamblea Nacional Constituyente podrá restablecer el curso de la Patria, que fue desviado por un raponazo que las instituciones y los funcionarios que las dirigían -y aún dirigen-, le dieron al constituyente primario, cuando decidieron robarse el triunfo del NO y cambiar toda la estructura del Estado, para entregarle un tribunal de justicia propio a los terroristas de las Farc y, de paso, conseguirle un Nobel amañado al jefe del golpe de Estado contra el Pueblo Soberano: el tartufo Santos. 
Y es que no puede ser otra la manera de intentar articular un Estado que quedó roto en mil pedazos, con una rama judicial dividida entre los tribunales ordinarios y el que controlan las Farc: en contravía de lo que el Pueblo ordenó, la JEP fue creada con la complicidad de la Corte Constitucional no solamente para garantizar la impunidad de las Farc (como lo estamos viendo en el caso del narcoterrorista Santrich), sino también para construir la nueva narrativa histórica del supuesto conflicto, disfrazada de verdad. 
La línea que de ese seudotribunal saldrá será la de exculpar a los terroristas de sus atrocidades, volviéndolos unos luchadores oprimidos por la sociedad colombiana; es decir, que seremos nosotros, los colombianos de bien, los malos y los causantes de la “sublevación”. Esta narrativa se está construyendo mediante la conducción a la JEP de exmilitares y expolíticos y la “invitación” a exparamilitares enredados en la justicia ordinaria unos o en los laberintos de justicia y paz – que hasta ahora son los únicos comparecientes de la tal JEP-, para que, con el caramelo de la impunidad, sustenten la posverdad del tribunal de la mentira y la venganza que es la JEP.
Y, si nos vamos al Legislativo, nos encontramos con el mismo panorama desolador: se entregaron curules como regalo a los narcotraficantes y terroristas, para que estos se unieran a las mayorías que “la mermelada” compró para aprobar un Fast Track, que no existía en el ordenamiento jurídico colombiano, como método “originalísimo” para reformar la Constitución. “La mermelada” es un eufemismo para referirse a la corrupción: al mejor estilo Montesinos, el Congreso fue comprado con dineros sucios, para lograr desconocer la voluntad popular, y hoy el Parlamento está integrado por unas curules espurias, que hacen mayorías junto con aquellos que votaron el raponazo en su momento. 
Todo lo anterior es la causa real de por qué ninguna reforma que se proponga para recomponer al Estado logrará realizarse mediante los mecanismos tradicionales: el Congreso no aprobará medida alguna en ese sentido, porque no solamente fue cómplice del robispicio, sino que, acostumbrado a la corrupta práctica de “la mermelada”, desterrada en buena hora por el gobierno Duque, no dará el “visto bueno” a nada sin la extorsión y las consecuentes canonjías. Otro tanto ocurre con la Corte Constitucional, que tiene una “junta directiva” de 9 miembros y que seguirá torpedeando cualquier intento del Gobierno para arreglar las cosas, puesto que sus mayorías son manejadas por Santos, y dicha corporación pública también fue protagonista del despojo en el triunfo del NO.
Aplaudo la iniciativa ciudadana de Herbin Hoyos, que valientemente acude al Pueblo para tratar de hacer algo en aras de recomponer la arquitectura constitucional del País. Es cierto que su proyecto de Referendo tiene un obstáculo que parece insalvable: cualquier iniciativa ciudadana debe pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, los mismos “organismos” que han cerrado con candado y callado, cual pacto omertà de la mafia siciliana, cualquier posibilidad de reformar el entuerto que engendraron; sin embargo, los tímidos intentos que hasta ahora se han hecho carecían de algo que puede cambiar la situación: la Fuerza del Pueblo, del mandato ciudadano. Solo el colombiano de a pie podrá demostrar si quiere o no retomar el camino de la legalidad o seguir dejando a Colombia en manos de los bandidos. Si se logra unir al constituyente primario y son millones de firmas y millones de voces y millones de voluntades, puede ser que se logre vencer la trinca cómplice institucional, que ya una vez nos robó, y cuyo despojo hay que recuperar.
Solo nos queda intentar los mecanismos populares, volver los ojos a la ciudadanía que está hastiada de haber entregado el Estado al terror y así lo ha manifestado en las urnas: en el NO, en la primera y en la segunda vuelta presidencial. Colombia está prostituida en sus instituciones, pero aún tiene a sus ciudadanos como tabla de salvación. 
La ñapa I: Daniel “Pecueca” Samper pide a gritos y de manera histérica que el expresidente Álvaro Uribe se retire de la vida pública, al tiempo que se solaza con los verdugos del pueblo colombiano: la guerrilla de las Farc. Nada distinto podía esperarse de un sujeto tan obsesionado, enfermizo y patético, cuyos complejos, resentimientos y problemas internos que vienen de atrás, no le permiten ser feliz y pleno.
La ñapa II: Santos y Odebrecht, Odebrecht y Santos, una sola retorcida y deshonesta relación que pronto será aclarada, como corresponde, por el bien de la Patria. Un bandido tan detestable y perverso como el tartufo, que, además, ha causado daño como el que más, no puede quedar en la impunidad. Los americanos y los brasileños tienen en su poder las piezas que hacen falta para armar el rompecabezas de toda la corrupción que llevó a la “reelección” del gago.

sábado, 6 de abril de 2019

El Compositor, músico y productor colombiano, Andrés Castro, rumbo al Salón de La Fama Latino!!!

Co-autor de “La Bicicleta” de Vives y Shakira, “El Anillo” de J.Lo, “Fiebre” de Ricky Martin “Amigos con Derechos” de Maluma y Reik, “Darte un beso” de Prince Royce.
Con votaciones que estarán abiertas hasta el 15 de abril del presente año, este compositor colombiano estará compitiendo en la lista de nominados al premio Salón de la Fama de compositores Latinos, a mucho honor, con importantes colegas conocidos en el mundo artísitco internacional en esta séptima entrega anual.

Con una larga trayectoria en Los Estados Unidos, tiene la seguridad que sus trabajos en producción, y en esta oportunidad de composición, tienen todo el mérito para estar entre los grandes y elegidos a obtener este ambicioso premio que se conocerá el 6 de mayo. Solo seis de los 24 nominados serán seleccionados para ingresar al Salón de la Fama y quienes serán honrados en esta edición de los Premios La Musa el jueves 17 de octubre de 2019 en el Centro James L. Knight en Miami.

La lista de los cantautores nominadas, entre otros, está integrada por: Alejandro Lerner, Erasmo Carlos, Pablo Milanés, Ivy Queen, Mario Quinteo Lara, Ruben Blades, Willie Colón, Daddy Yankee, Johnny Pacheco, José María Cano, Joan Manuel Serrat y Oscar D’ León.

El Maestro, Andrés Castro, ha sido autor y coautor de importantes canciones con notorios compositores y artistas de talla mundial, temas que han sido decisivos en lanzamientos y relanzamientos internacionales como el caso de “Ya no me duele más” de Silvestre Dangond, “Volví a nacer” de Carlos Vives, “Hasta el techo” de ChocQuibtown, “La Bicicleta” de Shakira “, Fiebre” de Ricky Martin con Wisin y Yandel , “El Anillo” de Jennifer López, “Sin Contrato” de Maluma, “Por hacerme el bueno” de Bacilos.

Con más de 15 Grammys, 2 americanos, Castro ha estado en los eventos y participando en proyectos destacados de la industria musical como: “vivo pensando en ti” de los colombianos Pipe Peláez y Maluma que hizo parte fundamental del lanzamiento internacional del vallenatero. Con el cantante y compositor mexicano, Reyli Barba y el tema “Alma Gemela”que interpreta con Camila, Bacilos con “Por Hacerme el Bueno” y “Regrésame mi corazón” del mexicano Carlos Rivera, uno de los artistas más grandes de la escena musical Mexicana contemporánea.

En ese amalgama de géneros musicales sus composiciones han estado en los primeros lugares de la Billboard (más de 30 semanas número 1 en EU) y dentro de la comunidad hispana y latina no solo de los Estados Unidos sino en varios países del mundo (Mas de 60 semanas numero 1 en Colombia y muchas más en Argentina, Mexico y España, entre otros), y premiados oportunamente como joyas musicales con reconocimientos como el de este año en Puerto Rico recibiendo los Premios de American Society of Composers and publishers ASCAP 2019 con los temas “Fiebre” de Ricky Martin y “Amigos con Derechos” de Maluma y Reik, y los años anteriores con reconocimientos por temas con Carlos Vives, Silvestre Dangond, Maluma, Marc Anthony, Michel Teló, Samo, entre otros. En el año 2014 fué reconocido con el máximo premio como compositor del año ASCAP.

Este colombiano, nacido en Bogotá, que ha dejado muy en alto el nombre de su país y de la música, es un nominado digno dentro de la comunidad de la música latina e hispana, con diversidad de estilos y géneros entrando a las grandes ligas del mundo musical mundial.

En su larga carrera musical también destacamos su participación con artistas de la talla del mexicano Samo, Río Roma, el argentino Luciano Pereyra, Natalia Jiménez, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán con el tema “Más Buena”, Prince Royce “Darte un Beso” que estuvo en múltiples semanas en el número uno de La Billboard, Fonseca y Arthur Hanlon, Nati Natasha y Silvestre Dangond con “Justicia”, Thalía, Diego Torres y Carlos Vives con el tema “Un Poquito Tuyo”, entre muchas otras joyas musicales.

Finalmente hay que decir, que ser elegido para ingresar al Latin SongWriter Hall Of Fame (LSHOF, siglas en inglés) es uno de los honores más grandes que un profesional de la música puede recibir.
http://www.andresproducer.com

PUEDE VOTAR AQUÍ (CLIC) https://www.latinsonghall.com/2019-nominees/ Ubique la foto oficial que aparece aquí.

NON-PERFORMING SONGWRITER NOMINEES:
Chico Navarro (Argentina)
Michael Sullivan (Brazil)
Fabio Alonso Salgado “Estéfano” (Colombia)
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Armando Larrinaga (Cuba)
Carlos Lara (Mexico)
José Antonio Rodríguez (Dominican Republic) Yoel Henríquez (Puerto Rico)
Luis Gómez Escolar (Spain)
A.B. Quintanilla (USA)
José Enrique Sarabia “Chelique” (Venezuela)
Andrés Castro (Colombia)Guadalupe García García (Cuba)
Las votaciones están abiertas hasta el 15 de abril.

domingo, 27 de enero de 2019

AL DIABLO EL PROTOCOLO

Por Abelardo De La Espriella

El gobierno del presidente Iván Duque no tiene obligación legal alguna de acatar el protocolo establecido para casos de ruptura de los “diálogos” con los terroristas del ELN: el “acuerdo” fue suscrito entre el fatídico gobierno del tartufo Santos y los bandidos de marras, y no entre el Estado colombiano y esos asesinos, como la “mamertera” pretende hacerlo ver. 


La política de paz es un asunto de cada gobierno, tal cual lo ha señalado la jurisprudencia; en consecuencia, mal podría obligarse una nueva administración, cuando ni siquiera conocía los detalles que otra, muy distinta, había pactado.

El presidente Duque fue claro y contundente al momento de asumir el poder, cuando señaló sin ambages que no se concretaría ningún tipo de diálogo con la estructura terrorista del ELN, sino hasta tanto esa guerrilla cesara toda actividad criminal. Si no había conversaciones, ¿cómo podría entonces estar vigente un protocolo en caso de que estas se frustraran? Eso es tanto como terminar una relación amorosa que nunca existió.

Santos y los otros eunucos mentales que lo secundaron en el embeleco de la mal llamada paz, de manera subrepticia, como lo hicieron con las Farc, establecieron toda suerte de gabelas para blindar a los terroristas del ELN; de la minucia de esas trapisondas no tuvo conocimiento el actual gobierno, que, dicho sea de paso, fue elegido para quitarle el “collar bomba” que Santos y su camarilla le pusieron a la institucionalidad y a la democracia, al elevar al rango de estadistas y faros morales a una caterva de miserables que en lo único que han sido buenos es derramando sangre de inocentes.

La exploración de la mesa de negociación entre el tartufo y los “elenos” fue una mampara que les sirvió a estos últimos para planear asesinatos, secuestros, extorsiones y, sobre todo, la conquista de los territorios patrios para el control del narcotráfico; de manera que, teniendo el malhadado protocolo (en caso de que se le diera validez) un fin único, como es el de una negociación inter partes de buena fe, al ser utilizado ese diálogo para otros fines, tal como lo hacen los miserables del ELN, dichas atrocidades y crímenes de lesa humanidad, bajo ninguna circunstancia, pueden ser blindados por una figura cuyo fin es otro.

Gracias a esta discusión sobre el tal protocolo, he comprobado una vez más lo que siempre he dicho: existen compañeros de la actividad terrorista que desde la sociedad civil apoyan el delito con “tesis” jurídicas, con propaganda publicada en sus columnas y con la inducción de la opinión a favor de los asesinos que tanto dolor han sembrado. Estos apátridas cumplen un papel fundamental: desinformar y distorsionar la realidad, generando desorden y caos, para “lavar” los actos imperdonables de los malditos a los que defienden.

Hemos perdido el norte: mientras nos desgastamos en la payasada del protocolo, de alguna manera invisibilizamos la tragedia de nuestros jóvenes policías, quitando el foco de los cuerpos de los muchachos y del dolor inconmensurable de sus familias, todo esto por obra y gracia de los distractores implementados por ciertos “opinadores” que salen a defender a los terroristas, cuando el Estado legítimamente solicita la captura de los bárbaros que siguen buscando impunidad, disfrazando de diálogo su actividad criminal.

La ñapa I: Déjenme ver si entiendo: Si los “DECENTES” son los que sienten fascinación por la cocaína, los travestis, las prostitutas y el maltrato a las mujeres, ¿qué venimos siendo aquellos a los que no nos gusta ninguno de los anteriores desvíos?

La ñapa II: Los mismos que atacan a Juan Pablo Bieri por expresar una opinión en uso de sus facultades como director de RTVC son los mismos que utilizan noticieros y columnas para hacer montajes y perseguir a los que no piensen como ellos. A esos hipócritas se les ha caído la máscara, y el país ya sabe que solo son unos mercaderes de la información, que tienen como propósitos fundamentales hacer política y plata, más que periodismo.

Sincensura.co

¿Los protocolos o la paz?

Por Paloma Valencia
Nos enluta la muerte de 20 jóvenes, asesinados con un terrible atentado terrorista. Jóvenes inermes, estudiantes, en una escuela, llenos de porvenir y con el empeño de servirle a la patria.
Habría que guardar silencio en el resto de este escrito para transmitir a sus familias y amigos nuestras condolencias y respeto. Sin embargo, para contribuir en la búsqueda de justicia para los responsables de esta atrocidad, debemos avanzar en el debate. 
Hoy los terroristas que se han declarado responsables del atentado, sostienen que sus cabecillas -que estaban en Cuba en una mesa de negociación con el Gobierno- tienen que poder volver a Colombia escoltados por el Estado y tener el tiempo para esconderse. Con muy buen criterio, el Presidente Iván Duque ha dicho que este protocolo, hasta ahora secreto, es inaplicable. 
Entiendo a quienes les preocupa que se incumpla la palabra empeñada por el gobierno Santos. Un Estado debe cumplir lo que dice, en eso estamos de acuerdo. Pero miremos el asunto despacio. En este caso hay dos palabras empeñadas, una a los miembros del Eln para que si había discrepancias en la mesa y esta se levantaba, habría un protocolo para que los negociadores volvieran a Colombia. Otra, refrendada por las urnas, donde el ahora Presidente se comprometió a que no habría impunidad para terroristas. Así las cosas, ¿cuál palabra debe cumplir el Estado? ¿La empeñada con el confeso grupo terrorista Eln o con los ciudadanos de Colombia? Es claro, que este último compromiso, votado en nuestra democracia, es superior al primero. 
Sostienen también que no se trata solo de la palabra empeñada ante el Eln sino ante los países garantes y que por lo tanto es un compromiso internacional. A este se contrapone el compromiso en tratados y resoluciones de la ONU de luchar contra el terrorismo, uno de los más difíciles flagelos que enfrenta el mundo. En mi opinión, nadie entendería que amarrado a un protocolo se violenten tratados internacionales. Nadie entendería que los confesos responsables de esta atrocidad, que clasifica entre los 50 peores atentados del mundo, puedan salir rampantes de Cuba.
Por otro lado, la sola confesión del Eln de su responsabilidad en el acto terrorista dio lugar a la emisión de nuevas órdenes de captura de sus cabecillas, por este hecho. Aun cuando las anteriores hubieran sido suspendidas, estas nuevas están vigentes. No se me ocurre cómo o porqué el Gobierno pudiera suspenderlas. ¿Cómo interpretaría el mundo que un gobierno levante las órdenes de captura contra los responsables de este acto terrorista, recién sucedido? ¿No sería aquello una afrenta a la comunidad internacional comprometida con la lucha contra el terrorismo? 
No imagino a ningún país solicitándole al gobierno que levante las órdenes de captura -recién emitidas- contra los cabecillas de la organización responsable de la muerte de 20 jóvenes estudiantes colombianos. 
Aún más, hay una razón política de fondo. No podemos aplicar esos protocolos, porque los violentos deben entender muy bien al nuevo gobierno. Este gobierno no va a negociar con violencia. El cese al fuego unilateral es requisito indispensable para cualquier negociación. Pero esto no solo hay que decirlo, hay que probarlo. Si queda margen de interpretación de que la violencia sirve para presionar al gobierno, de que la violencia puede escudarse o esconderse en protocolos o discursos políticos; no solo el Eln sino todas las organizaciones al margen de la ley buscarán la violencia como medio de presión al Gobierno.
Si como espero, nuestro Presidente pone presos a los cabecillas del Eln, habremos avanzado mucho. Todos los violentos entenderán que nada, nada, nada sirve para esconder a los responsables y que este gobierno actuará con toda contundencia contra los violentos. Eso salvará muchas vidas.
En mi opinión quienes pretenden amenazar diciendo que si no se negocia, si no se permite la impunidad de los cabecillas del Eln, va a generar más violencia; están llevándonos por el camino de aumentar los ataques. Los grupos ilegales entenderán que pueden amenazar y que entre más violentos sean más posibilidades tendrán de avanzar en sus agendas. 
Seamos muy claros, en este gobierno, en el Gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, la violencia no se excusa, no se justifica, ni se admite. Quien la utiliza queda por fuera de cualquier entendimiento con el Gobierno. Mano firme. Habrá eso si generosidad para quienes opten por cesar actividades criminales, encontrarán en el Gobierno disposición y ánimo para dialogar y concertar. Corazón grande.
El Nuevo Siglo

El protocolo secreto con el ELN



Fue un error estratégico cambiar el punto de foco de la opinión pública del ataque a la General Santander y la condena al terrorismo. Había que aprovechar la oportunidad para presionar más al Eln y conseguir sumar tanto como fuese posible a una mayoría de rechazo. Al solicitarle a Cuba la entrega de los terroristas la atención se concentró en el antes “secreto” y ahora famoso “protocolo” firmado por Santos y los elenos. Muchas especulaciones se han hecho. Vale la pena hacer precisiones. 
En principio la naturaleza de la policía es civil y los policías no son combatientes. Solo pierden esa condición, como cualquier civil, cuando participan directamente en las hostilidades. En todo caso, los estudiantes de una academia policial no son combatientes (¡son apenas estudiantes!) y por tanto no son un blanco legítimo. El ataque fue una flagrante infracción al derecho internacional humanitario y, por tanto, un crimen de guerra, diga lo que diga el Eln. 
Además, hay medios y métodos prohibidos por el derecho internacional. El ataque con carro bomba es un medio prohibido y ha sido expresamente catalogado por el derecho internacional como acto terrorista. Los actos terroristas son considerados como crimenes de lesa humanidad y como crímenes de guerra. Y existe una obligación internacional de no dar refugio, perseguir y condenar a los terroristas. 
Por otro lado, los grupos armados organizados (GAO) no son sujetos del derecho internacional y no tienen personalidad jurídica internacional, y solo los que participan en un conflicto armado no internacional (CANI o interno, en términos coloquiales) tienen derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario (DIH). No tienen más derechos que esos. 
Solo la Santa Sede, los Estados, los organismos internacionales (solo en el marco de su competencia) y los grupos que han sido reconocidos como beligerantes pueden celebrar tratados internacionales. Los GAO que participan en un conflicto armado no internacional no son en principio grupos “beligerantes” y no pueden celebrar tratados. Por tanto, es absolutamente falso que los pactos que los gobiernos hagan con ellos sean tratados, generen obligaciones internacionales y deba cumplirse el principio general del “pacta sunt servanda” (los tratados deben cumplirse). Por cierto, que los pactos se envíen a Naciones Unidas no cambia su naturaleza. Es solo un gesto y nada más. 
Por otro lado, es verdad que los jefes de Estado y los ministros de relaciones exteriores representan internacionalmente a sus estados y que sus actuaciones y declaraciones, incluso las verbales, vinculan y obligan a esos estados. Pero en tanto que, repito, los GAO no son sujetos del derecho internacional y solo algunos, los que participan en un CANI, lo son del DIH y solo para cumplir las obligaciones del DIH, lo que hagan, digan y pacten los jefes de estado y los cancilleres en relación con esos grupos no es relevante desde la perspectiva del derecho internacional. 
Por si hay alguna duda, repito que ni las Farc ni el Eln son grupos “beligerantes” a la luz del derecho internacional y, por tanto, no son sujetos del derecho internacional, no puede celebrar tratados y solo puede exigir y cumplir derechos y obligaciones a la luz del DIH y nada más. Así como los “beligerantes” no pueden ser objeto de la aplicación del derecho interno, los grupos armados organizados, incluso los que participan en un CANI como las Farc y el Eln, sí pueden ser objeto de la aplicación de la ley del Estado y sus miembros pueden ser investigados, juzgados y condenados penalmente. 
De manera que los pactos con las Farc y el Eln no son jurídicamente vinculantes. Su naturaleza es estrictamente política. El incumplimiento de lo pactado no genera ninguna carga o responsabilidad jurídica internacional para el Estado y no se le puede exigir jurídicamente al Estado que los cumpla. 
Así que es falso que el gobierno de Duque esté “vinculado internacionalmente por las actuaciones de los gobiernos precedentes y por ello en principio debe cumplir con el protocolo que el gobierno Santos había asumido”. Esos pactos y protocolos no obligan, ni desde el derecho interno y mucho menos desde el internacional, sino cuando el nuevo gobierno decida asumir esos pactos como propios. En ese caso, las obligaciones no son internacionales sino internas y son solo políticas y no jurídicas. 
El gobierno de Duque no tiene pues la obligación jurídica de cumplir con un protocolo que no firmó y que no sabemos aún si conocía. Cosa distinta son las consecuencias políticas de esa decisión. Pero esa es otra discusión.
De Minuto30.com

domingo, 16 de diciembre de 2018

NO TE HAGAS EL LOCO


Por ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Una carta sin valor probatorio (no está sellada y apostillada como corresponde) ha sido allegada de manera inusitadamente veloz a la Fiscalía General. En ella, supuestamente, alias “el Loco” Barrera dice no haber aportado dinero alguno a las arcas de Gustavo Petro. El documento está escrito en computador; pero, en las cárceles federales de los Estados Unidos, los reclusos no tienen acceso directo a ese tipo de dispositivos electrónicos, y, de tenerlo eventualmente, difícilmente pueden imprimir. No es imposible, a través de abogado podría hacerse, pero con el visto bueno del Bureau de prisiones, porque lo cierto es que nada sale o entra de esas rejas sin la respectiva autorización.

Otros hechos extraños: hacía un par de semanas, la Fiscalía había enviado la carta rogatoria al Departamento de Justicia para activar los mecanismos de cooperación judicial establecidos, cuando, ¡oh sorpresa!, la carta de marras llegó por otra vía y sin cumplir los protocolos. “El Loco” ha sido mencionado en un sinnúmero de procesos en Colombia, aunque es la primera vez que aparentemente sale a decir “esta boca es mía”. Pero los problemas del documento no solo son de forma; también son de fondo: la redacción del mismo, lejos de parecer ideado por un narcotraficante primario y sin mayor instrucción educativa, contiene un estilo propio de un letrado (a lo mejor el personaje de marras tomó clases de escritura aprovechando su larga estadía en la cana).

Me surgen varios interrogantes a partir de este episodio: ¿Quién redactó la carta? ¿Fueron los abogados de “el Loco” o terceros? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Quien la recogió, lo hizo en la cárcel? ¿Quién la filtra a los medios y la lleva a la Fiscalía? ¿Quién es el contacto entre “el Loco” y la izquierda radical colombiana?

Son muchos los elementos probatorios que se deben aportar a la investigación del sórdido y vergonzoso video de Petro, entre otros, el testimonio bajo juramento de “el Loco” Barrera, una diligencia en la que puede ser interrogado, y, además, en la que se tendrá certeza real de su comparecencia. En ese escenario, la cosa es a otro precio. Me viene a la memoria cuando los Rodríguez Orejuela la primera vez dijeron que no le habían dado plata a Ernesto Samper, y, posteriormente, la contundencia de los hechos no les dejó otra opción que aceptar “el elefante”. Así es la vida.

No pretendo que a Petro se le linche sin fórmula de juicio, ni más faltaba; no caeré en lo que él siempre hizo: fungir de inquisidor de todo aquel que no pensara igual. Al señor “decente” se le deben respetar todas sus garantías, y el más interesado en que este asunto se esclarezca debe ser el mismo Petro, pues resulta lamentable que, a estas alturas, después de cacarear tanto su rectitud y probidad, el avalista de la “buena conducta” del líder de la Colombia Humana, sea “el Loco” Barrera, un narcotraficante y asesino, socio desde sus inicios de las Farc.

Hay algo inocultable, incluso para aquellos que defienden a Petro, contra toda lógica y razón: detrás del video ya conocido se esconde un trato turbio y deshonesto que debe ser clarificado por la justicia. No en vano, cuando Juan Carlos Montes se lo mostró a Petro para amenazarlo, en la sede de la alcaldía de Bogotá, este se agarró la cabeza y dijo: “Acabaste con mi carrera política”.

Un político que ha sido depositario de más de 8 millones de votos debe estar sometido al escrutinio constante de la sociedad y la justicia, y su vida debe ser un libro abierto, por el bien de la democracia y la institucionalidad.

La ñapa I: Este es un país sin memoria: ya casi nadie recuerda que, casualmente, “el Loco” Barrera y la cúpula de las Farc (hoy señores muy decentes) hicieron una vaca para asesinar al expresidente Álvaro Uribe, y fraguaron un plan para envenenar y secuestrar congresistas del Centro Democrático. El siguiente es uno de los correos de las Farc en poder de las autoridades: “Traficante Barrera el “Loco” nos informa y pregunta a través de correo por medio de Gentil comandante del 7 Frente que está planeando dar de baja a Uribe, le vale 32 millones de dólares, que en cuanto (sic) lo podemos ayudar. Respondí (sic) a través del mismo que con 3 millones de dólares”. ¿Qué tal las joyitas?

La ñapa II: A propósito de las marchas coreografiadas de los estudiantes: por más constitucional que sea la protesta social, eso no impide que los alcaldes no autoricen más marchas, cuando en las previas se hayan presentado desmanes, disturbios, vandalismo y alteraciones del orden público: las leyes y los reglamentos los facultan para ello. ¡Ah, eso no es autoritarismo! Eso se llama hacer cumplir el principio de autoridad, que es otra cosa.

La ñapa III: A todos mis lectores, amigos y seguidores, les deseo una muy feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.

La ñapa IV: Esta columna volverá el 20 de enero. Motivo vacaciones. No todo debe ser tragedia y batallas: hay que sacar tiempo para la Dolce Vita.

jueves, 25 de octubre de 2018

Las bribonadas de la JEP en 45 puntos

Por Eduardo Mackenzie
1.- Según el estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ésta fue creada “para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.” Sin embargo, la JEP emerge como un nuevo engranaje del maltratado aparato de la justicia colombiana: puso en práctica un escandaloso sistema para evitar el juzgamiento y castigo de criminales de guerra y de lesa humanidad de las Farc y para acordarles, por el contrario, excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías. Ese mecanismo de legitimidad dudosa está carcomiendo rápidamente el resto de las instituciones judiciales de Colombia.
2.- El pacto secreto de La Habana entre las Farc y el presidente Juan Manuel Santos fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
3.- La JEP insiste en incluir en su esfera los delitos sexuales cometidos por las Farc durante el llamado conflicto.
4.- La JEP, mediante “permisos” de la “sala de amnistía o indulto” ha facilitado la salida del país de 13 jefes criminales de las Farc.
5.- Con permiso de la JEP el jefe político de las Farc, alias rodrigo granda, salió del país rumbo a Venezuela. La JEP también dejó salir de Colombia a Fernando Arellán Barajas, terrorista de las Farc que estaba encarcelado y condenado a 40 años de cárcel por dirigir el sangriento atentado contra el club El Nogal, de Bogotá, en 2003, donde 36 personas perdieron la vida y 167 quedaron heridas.
6.- El exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa Henao, autorizó la salida ilegal de Colombia de Arellán y de otros once otros terroristas de las Farc, a pesar de que él carecía de autoridad para hacer eso. Entre los beneficiados están Pastor Alape y Benkos Biohó.
7.- Esa actuación de Raúl Correa es calificada como delito grave por la Procuraduría General de Colombia.
8.- Néstor Raúl Correa reveló en una carta del 27 de abril de 2018 que nueve magistrados de la JEP (de los 38 posesionados en ese momento) querían tomar el control de la JEP.
9.- La Fiscalía imputó cargos a Martha Lucía Zamora, quien reemplazó a Raúl Correa en la secretaría de la JEP, por falsedad ideológica, encubrimiento y fraude procesal. Martha Lucía Zamora, secretaria ejecutiva de la JEP, así como los funcionarios Yuly Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, fueron citados a interrogatorio por presuntas irregularidades en la salida de tres jefes de las Farc, Luciano Marín alias ‘iván márquez’, Henry Castellanos alias ‘romaña’ y Hernán Darío Velásquez alias ‘el paisa’, de las zonas de reincorporación.
10.- Interrogado por la Fiscalía, Néstor Raúl Correa declaró que su colega, la abogada Yuly Milena Enríquez, era “de entera confianza de las Farc”.
11.- La JEP ha frenado, desde el 17 de mayo de 2018, la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘jesús santrich’, otro jefe de las Farc, capturado por la Fiscalía General y pedido en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico con el cartel de Sinaloa. Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018. La JEP trata de anular la competencia de la Fiscalía General en este caso.
12.- Fernando Carrillo, Procurador General, criticó a la JEP por suspender el trámite de extradición de Santrich, pues ello, dice, es “desconocer los derechos de las víctimas” y “desconocer a la Procuraduría como sujeto procesal” en ese caso.
13.- La JEP no ha excluido de beneficios al socio capturado de 'jesús santrich, Armando Gómez España, conocido con el alias de 'el médico'.
14.- La JEP frena la extradición de Pedro Luis Zuleta Noscué, un desmovilizado de las Farc (43 años en esa narco-guerrilla) y patrón de los cultivos de coca, amapola y marihuana del norte del Cauca, pedido por la justicia de Estados Unidos desde 2011. Zuleta Noscué hace parte de la Lista Clinton.
15.- La JEP no ha requerido la reaparición de alias ‘el paisa’ y de alias ‘iván márquez’, jefes de las Farc que decían haberse desmovilizado. Ellos huyeron de sus campamentos y entraron, con otros ex jefes de las Farc, en la clandestinidad. La JEP dice que para no perder los beneficios de la JEP basta que esos prófugos envíen una carta por medio de sus abogados.
16.- La JEP ha desatado una ola de ataques contra el Fiscal General: todo pedido de colaboración de éste a la JEP y todo llamado de atención a la JEP por sus errores y presuntos delitos, es mostrado por Patricia Linares, presidenta de la JEP, como “un atentado contra la autonomía de la JEP”. En cambio, la JEP pretende imponer su cuestionable interpretación de que “la Fiscalía no puede tener acceso a expedientes de la JEP”.
17.- La JEP da muestra de parcialidad extrema al no querer rechazar los violentos ataques verbales que lanzan los jefes de las Farc (de su fracción política) contra el Fiscal General de la Nación a quien acusan que querer “destruir la JEP”.
18.- Sin tener un reglamento interno, la JEP pidió que le entregasen los archivos confidenciales del ex DAS y los de doctrina, inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, desde 1953. Pide que otras instituciones del Estado entreguen a la JEP sus archivos. Igual a las organizaciones de víctimas, étnicas y de Derechos Humanos, y a otras de la sociedad civil. Llegó a pedir información reservada de cuatro divisiones del Ejército para “construir los casos” y acusar a 1 994 miembros de la fuerza pública.
19.- La ley que reglamenta la JEP fue aprobada por la plenaria del Senado el 27 de junio de 2018. Entre lo aprobado está que la JEP no podrá decretar pruebas ni pronunciarse sobre extradiciones, ni conceder permisos a exguerrilleros para que salgan del país. Aprobó la creación de una nueva sala para juzgar a militares involucrados en crímenes dentro del conflicto. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia decidió que “la JEP no puede decidir sobre la extradición de santrich”, que eso le compete a la Fiscalía General y que la captura de santrich había sido legal. Rodrigo Londoño, jefe de la Farc, insultó al Senado al decir que lo aprobado “busca hacer trizas lo acordado”. El presidente Santos también rechazó lo aprobado por el Senado y violó el principio de separación de poderes al encargar a la Corte Constitucional la enmienda de lo aprobado por el poder legislativo.
20.- El 28 de junio de 2018, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la ley que reglamenta el procedimiento de la JEP que la víspera había sido aprobada por el Senado y ratificó las modificaciones aportadas por el partido CD.
21.- “La JEP sí se puede reformar”, había declarado el senador y precandidato presidencial Iván Duque, el 14 de octubre de 2017, para responderle al gobierno Santos que insistía en que la JEP es “inmodificable”. Duque recordó que la Corte Constitucional ha dicho que los acuerdos con las Farc “no hacen parte del bloque de constitucionalidad” y que por lo tato “su desarrollo debe estar compaginado con los principios de la Constitución como el debido proceso”. Iván Duque escribió que “la elegibilidad política a investigados y sancionados por crímenes de lesa humanidad viola el Estatuto de Roma”.
22.- Sin embargo, el 13 de julio de 2018, la JEP recibió a tres jefes de las Farc para que sean los primeros en poder recibir credenciales y ocupar, el 20 de julio de ese año, las curules parlamentarias regaladas por el gobierno Santos. Las curules regaladas a las Farc serán 10 en el Congreso y durante ocho años. Alias timochenko, alias pablo catatumbo y alias carlos a. lozada se presentaron ante la funcionaria Julieta Lemaitre para esa diligencia. Los otros siete también fueron invitados. Todos figuran en las 312 sentencias por secuestro y otras atrocidades cometidas por las Farc, en poder de la Fiscalía General. Al grupo de víctimas de las Farc que acudieron a esa cita la JEP no les permitió entrar al edificio.
36.- La Corte Constitucional renegó de su propio fallo (acto legislativo 01 de 2017) y afirmó que la Fiscalía ya no podrá llevar a cabo investigaciones a exguerrilleros que delinquieron después del 1 de diciembre de 2016. Según ese viraje, la JEP tendría la facultad de definir si la Fiscalía puede o no conocer estos casos y podría también decidir qué casos son o no del resorte de la justicia ordinaria.

23.- Ya como presidente electo, Iván Duque declaró, tras una reunión con Patricia Linares, el 26 de junio de 2018, que las futuras reglas de procedimiento de la JEP deben garantizar a las víctimas “justicia, verdad y reparación”.
24.- La JEP extralimitó sus funciones al asumir, 24 de septiembre de 2018, la competencia para investigar el caso de una célula urbana del eln (grupo 'Llamarada'), organización narco-terrorista que no está en proceso de paz alguno. La aparición de 14 miembros del ELN en un listado de la JEP fue descubierto por la Fiscalía. “Debido a esta decisión de la JEP” el proceso de esa célula “está truncado”, denunció el Fiscal General de la Nación. Los miembros de esa célula están acusados de realizar atentados en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. La JEP estuvo estudiando bajo la mesa esos 14 casos. Dice que rechazó seis pero, en toda ilegalidad, admite que sigue estudiando ocho para “ingresarlos al sistema”, aunque ninguno de ellos hace parte del acuerdo de paz.
25.- La JEP pretende sustraer al control de la Fiscalía General y de la justicia ordinaria el conocimiento de todos los crímenes cometidos durante “el conflicto”. Pretende anular toda otra jurisdicción, violando la Constitución de 1991.
26.- La JEP aspira también, por la vía de hecho, a monopolizar el juzgamiento de delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, a pesar de que el “acuerdo de paz”dice que esos delitos no son competencia de la JEP. Un ejemplo: el caso Santrich. Usa para eso las llamadas “discrepancias de interpretación” de las fechas de los delitos.
27.- La JEP pretende echarle mano a los bienes que la justicia ordinaria ha incautado a las Farc (por una suma de 2.3 billones de pesos). Alega querer “proteger” esos bienes mal habidos y “garantizar el derecho a la reparación material de las víctimas”. La Fiscalía explica que eso no es del resorte de la JEP.
28.- La JEP rechaza la creación de una sala o instancia especial diferente de la JEP para juzgar a los militares y policías. La JEP insiste en igualar a los terroristas con los defensores del orden republicano que combatieron la subversión comunista durante décadas.
29.- La JEP no dispone sino de 67 investigadores para realizar la tarea descomunal de examinar los procesos contra las Farc y agentes de la fuerza pública durante más de medio siglo de “conflicto armado”.
30.- La JEP interviene en política y viola el principio de la división de poderes al hacer campaña contra o a favor de ciertos proyectos de ley que presentan los partidos políticos en el Congreso. El 18 de octubre de 2018 la presidente de la JEP, Patricia Linares, en lugar de respetar el principio de neutralidad, cabildeó contra un proyecto del partido de gobierno Centro Democrático que busca limitar la entrega de información confidencial y de seguridad nacional a la Comisión de Verdad, dirigida ésta por un activista politizado.
31.- El Gobierno de JM Santos nombró y posesionó apresuradamente a los magistrados de la JEP sin que existiera una ley que reglamentara la actuación de ese organismo. La JEP comenzó a actuar sin tener un código de procedimiento para su actuación. Esta actuó irregularmente en el caso Santrich.
32.- La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada finalmente por la Corte Constitucional pero ésta cometió graves errores. Ello desató críticas y generó fricciones entre la Fiscalía General y la JEP y entre ésta y la Procuraduría General.
33.- La prensa informó que los estatutos de la JEP aprobados por la CC habían sido elaborados por los mismos magistrados de la JEP y que éstos podrían ser acusados de ser juez y parte en las actuaciones de la JEP.
34.- La gangrena que porta la JEP está contaminando a todo el cuerpo judicial colombiano. El derecho penal colombiano está sufriendo recortes escandalosos y sin precedente.
35.- La Corte Constitucional busca crear el grave precedente de que el abuso, las violaciones y otros crímenes sexuales contra niños, menores y mujeres pueden ser considerados como un arma válida en la guerra subversiva en Colombia. En agosto de 2018, la CC logró retirarle a la justicia ordinaria el conocimiento y sanción de esos crímenes cometidos por miembros de las Farc, a pesar de que ese punto específico había sido votado por el Congreso. La JEP podría así sancionar esas abominaciones con “penas alternativas” irrisorias y no privativas de la libertad a los miembros de las Farc. Ese fue otro golpe demoledor de la JEP a los derechos de las víctimas. La lista de los crímenes sexuales cometidos por las Farc con sus cautivos y reclutas es aterradora, según los testimonios entregados por las asociaciones de víctimas, en especial por la Corporación la Rosa Blanca.
37.- Para beneficiar a la JEP, la Corte Constitucional desestabilizó la Fiscalía General al decidir que la Fiscalía, durante los años de actuación de la JEP (15 prorrogables), no podría citar a reinsertados y/o agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de cargos, etc. El fiscal General Néstor Humberto Martínez en su protesta declaró que tal suspensión de poderes dejaría a las víctimas y al país a merced de la delincuencia “en un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer la persecución penal”.
38.- En beneficio de los objetivos de la JEP, la Corte Constitucional trata de cambiar la doctrina colombiana e internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales no son amnistiables. En su comunicado del 15 de agosto de 2018, la CC pidió abrir la investigación de tales crímenes sólo si éstos fueren “cometidos de manera sistemática”, lo cual trasgrede el derecho positivo internacional y abre la puerta para que los autores materiales de hechos atroces queden sin sanción penal.
39.- En octubre de 2017, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, criticó en documento de 22 páginas aspectos centrales de las normas de la JEP. Dijo que “probar la sistematicidad” podría abrir el camino “para la impunidad ante los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad” y que, entonces, Colombia estaría violando normas del derecho internacional, “lo que iría contra del propósito del Estatuto de Roma de acabar con la impunidad de los crímenes más graves”.
40.- Según la nueva postura de la CC, Colombia ya no podría ejecutar las circulares rojas de Interpol, en el marco de la lucha global contra el crimen, y no podría respetar los tratados internacionales de extradición firmados. La CC trata de cambiar a doctrina según la cual ninguna autoridad distinta a la Fiscalía puede ordenar la libertad de un capturado con fines de extradición. Tal cambio conduce a revisar la ley que ordena que “la competencia de privar a una persona de la libertad la tiene únicamente la Fiscalía”.
41.- La JEP mostró su voluntad de continuar el proceso de absorción de procesos de la jurisdicción ordinaria al aceptar que un juez de Cartagena le remitiera, el 17 de septiembre de 2018, el expediente de Enilce López, ex empresaria de lotería (“el chance”) y condenada por el homicidio de una persona. Alias ‘La Gata’ no hace parte de proceso de paz alguno.
42.- La JEP decidió suspender, el 18 de octubre de 2018, la entrega de información sobre los “bienes y activos” incautados a las Farc que se supone son la base de las reparaciones de esos victimarios a sus víctimas. El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía General había revelado que las Farc “obtuvieron 19 billones de pesos en 20 años”. Esa cifra se desprende de información hallada en los computadores de los jefes de las Farc.
43.- “La decisión de la JEP [freno a la extradición de Santrich] transgrede de manera frontal los poderes públicos y los equilibrios constitucionales, que tanto hemos trabajado por fortalecer. La institucionalidad colombiana tiene como instancias superiores a las cuatro altas cortes, y dar a la JEP la potestad de desautorizarlas, es brindarle un estatus de ‘supercorte’”, escribió el expresidente Andrés Pastrana el 24 de mayo de 2018 en carta a los candidatos presidenciales.
44.- Patricia Linares, presidente de la JEP, admite que ésta es una jurisdicción “inédita en el mundo”. En efecto, una jurisdicción cuestionada que trata de devorar la actividad de las cortes legítimas, que ha sido concebida para “administrar justicia transicional” y garantizar la impunidad penal a los más grandes criminales que ha tenido Colombia, como requisito para “terminar el conflicto”, es, ciertamente, una justicia “inédita”: ningún otro país democrático ha aceptado dar el calificativo de “jurisdicción” a un organismo con tales objetivos.
45.- La mayoría de las acciones de la JEP aquí descritas fueron realizadas en solo 17 meses, a pesar de las leyes y definiciones votadas por el Congreso colombiano. ¿Qué alcanzará a hacer la JEP en los próximos 15 años prorrogables? En el corto periodo analizado las modificaciones sensatas hechas por partidos políticos y el Congreso colombiano al nefasto acuerdo de La Habana, rechazado por la ciudadanía, fueron revertidas por una rama del poder judicial, la Corte Constitucional, convirtiéndose ésta, con el apoyo del poder ejecutivo (gobierno de Santos) en el verdadero legislador, en un gobierno de los jueces. La CC decidió caprichosamente que el Congreso no tenía competencia para establecer sanciones distintas a las que fijan los acuerdos de paz. El Congreso fue así derrocado y convertido en órgano de opereta. La piedra angular en que se basa la CC para esa perpetrar esa audaz operación y crear la ficción de un nuevo derecho penal “alternativo” y “transicional” en materias gravísimas es atribuirle al acuerdo de La Habana y al Acto Legislativo n. 1 de 2017 el valor de una Constitución. La CC había dicho lo contrario en épocas anteriores. Sin embargo, los agentes que negociaron en La Habana esos textos no tenían ningún poder constituyente.