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jueves, 25 de octubre de 2018

Las bribonadas de la JEP en 45 puntos

Por Eduardo Mackenzie
1.- Según el estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ésta fue creada “para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.” Sin embargo, la JEP emerge como un nuevo engranaje del maltratado aparato de la justicia colombiana: puso en práctica un escandaloso sistema para evitar el juzgamiento y castigo de criminales de guerra y de lesa humanidad de las Farc y para acordarles, por el contrario, excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías. Ese mecanismo de legitimidad dudosa está carcomiendo rápidamente el resto de las instituciones judiciales de Colombia.
2.- El pacto secreto de La Habana entre las Farc y el presidente Juan Manuel Santos fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
3.- La JEP insiste en incluir en su esfera los delitos sexuales cometidos por las Farc durante el llamado conflicto.
4.- La JEP, mediante “permisos” de la “sala de amnistía o indulto” ha facilitado la salida del país de 13 jefes criminales de las Farc.
5.- Con permiso de la JEP el jefe político de las Farc, alias rodrigo granda, salió del país rumbo a Venezuela. La JEP también dejó salir de Colombia a Fernando Arellán Barajas, terrorista de las Farc que estaba encarcelado y condenado a 40 años de cárcel por dirigir el sangriento atentado contra el club El Nogal, de Bogotá, en 2003, donde 36 personas perdieron la vida y 167 quedaron heridas.
6.- El exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa Henao, autorizó la salida ilegal de Colombia de Arellán y de otros once otros terroristas de las Farc, a pesar de que él carecía de autoridad para hacer eso. Entre los beneficiados están Pastor Alape y Benkos Biohó.
7.- Esa actuación de Raúl Correa es calificada como delito grave por la Procuraduría General de Colombia.
8.- Néstor Raúl Correa reveló en una carta del 27 de abril de 2018 que nueve magistrados de la JEP (de los 38 posesionados en ese momento) querían tomar el control de la JEP.
9.- La Fiscalía imputó cargos a Martha Lucía Zamora, quien reemplazó a Raúl Correa en la secretaría de la JEP, por falsedad ideológica, encubrimiento y fraude procesal. Martha Lucía Zamora, secretaria ejecutiva de la JEP, así como los funcionarios Yuly Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, fueron citados a interrogatorio por presuntas irregularidades en la salida de tres jefes de las Farc, Luciano Marín alias ‘iván márquez’, Henry Castellanos alias ‘romaña’ y Hernán Darío Velásquez alias ‘el paisa’, de las zonas de reincorporación.
10.- Interrogado por la Fiscalía, Néstor Raúl Correa declaró que su colega, la abogada Yuly Milena Enríquez, era “de entera confianza de las Farc”.
11.- La JEP ha frenado, desde el 17 de mayo de 2018, la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘jesús santrich’, otro jefe de las Farc, capturado por la Fiscalía General y pedido en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico con el cartel de Sinaloa. Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018. La JEP trata de anular la competencia de la Fiscalía General en este caso.
12.- Fernando Carrillo, Procurador General, criticó a la JEP por suspender el trámite de extradición de Santrich, pues ello, dice, es “desconocer los derechos de las víctimas” y “desconocer a la Procuraduría como sujeto procesal” en ese caso.
13.- La JEP no ha excluido de beneficios al socio capturado de 'jesús santrich, Armando Gómez España, conocido con el alias de 'el médico'.
14.- La JEP frena la extradición de Pedro Luis Zuleta Noscué, un desmovilizado de las Farc (43 años en esa narco-guerrilla) y patrón de los cultivos de coca, amapola y marihuana del norte del Cauca, pedido por la justicia de Estados Unidos desde 2011. Zuleta Noscué hace parte de la Lista Clinton.
15.- La JEP no ha requerido la reaparición de alias ‘el paisa’ y de alias ‘iván márquez’, jefes de las Farc que decían haberse desmovilizado. Ellos huyeron de sus campamentos y entraron, con otros ex jefes de las Farc, en la clandestinidad. La JEP dice que para no perder los beneficios de la JEP basta que esos prófugos envíen una carta por medio de sus abogados.
16.- La JEP ha desatado una ola de ataques contra el Fiscal General: todo pedido de colaboración de éste a la JEP y todo llamado de atención a la JEP por sus errores y presuntos delitos, es mostrado por Patricia Linares, presidenta de la JEP, como “un atentado contra la autonomía de la JEP”. En cambio, la JEP pretende imponer su cuestionable interpretación de que “la Fiscalía no puede tener acceso a expedientes de la JEP”.
17.- La JEP da muestra de parcialidad extrema al no querer rechazar los violentos ataques verbales que lanzan los jefes de las Farc (de su fracción política) contra el Fiscal General de la Nación a quien acusan que querer “destruir la JEP”.
18.- Sin tener un reglamento interno, la JEP pidió que le entregasen los archivos confidenciales del ex DAS y los de doctrina, inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, desde 1953. Pide que otras instituciones del Estado entreguen a la JEP sus archivos. Igual a las organizaciones de víctimas, étnicas y de Derechos Humanos, y a otras de la sociedad civil. Llegó a pedir información reservada de cuatro divisiones del Ejército para “construir los casos” y acusar a 1 994 miembros de la fuerza pública.
19.- La ley que reglamenta la JEP fue aprobada por la plenaria del Senado el 27 de junio de 2018. Entre lo aprobado está que la JEP no podrá decretar pruebas ni pronunciarse sobre extradiciones, ni conceder permisos a exguerrilleros para que salgan del país. Aprobó la creación de una nueva sala para juzgar a militares involucrados en crímenes dentro del conflicto. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia decidió que “la JEP no puede decidir sobre la extradición de santrich”, que eso le compete a la Fiscalía General y que la captura de santrich había sido legal. Rodrigo Londoño, jefe de la Farc, insultó al Senado al decir que lo aprobado “busca hacer trizas lo acordado”. El presidente Santos también rechazó lo aprobado por el Senado y violó el principio de separación de poderes al encargar a la Corte Constitucional la enmienda de lo aprobado por el poder legislativo.
20.- El 28 de junio de 2018, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la ley que reglamenta el procedimiento de la JEP que la víspera había sido aprobada por el Senado y ratificó las modificaciones aportadas por el partido CD.
21.- “La JEP sí se puede reformar”, había declarado el senador y precandidato presidencial Iván Duque, el 14 de octubre de 2017, para responderle al gobierno Santos que insistía en que la JEP es “inmodificable”. Duque recordó que la Corte Constitucional ha dicho que los acuerdos con las Farc “no hacen parte del bloque de constitucionalidad” y que por lo tato “su desarrollo debe estar compaginado con los principios de la Constitución como el debido proceso”. Iván Duque escribió que “la elegibilidad política a investigados y sancionados por crímenes de lesa humanidad viola el Estatuto de Roma”.
22.- Sin embargo, el 13 de julio de 2018, la JEP recibió a tres jefes de las Farc para que sean los primeros en poder recibir credenciales y ocupar, el 20 de julio de ese año, las curules parlamentarias regaladas por el gobierno Santos. Las curules regaladas a las Farc serán 10 en el Congreso y durante ocho años. Alias timochenko, alias pablo catatumbo y alias carlos a. lozada se presentaron ante la funcionaria Julieta Lemaitre para esa diligencia. Los otros siete también fueron invitados. Todos figuran en las 312 sentencias por secuestro y otras atrocidades cometidas por las Farc, en poder de la Fiscalía General. Al grupo de víctimas de las Farc que acudieron a esa cita la JEP no les permitió entrar al edificio.
36.- La Corte Constitucional renegó de su propio fallo (acto legislativo 01 de 2017) y afirmó que la Fiscalía ya no podrá llevar a cabo investigaciones a exguerrilleros que delinquieron después del 1 de diciembre de 2016. Según ese viraje, la JEP tendría la facultad de definir si la Fiscalía puede o no conocer estos casos y podría también decidir qué casos son o no del resorte de la justicia ordinaria.

23.- Ya como presidente electo, Iván Duque declaró, tras una reunión con Patricia Linares, el 26 de junio de 2018, que las futuras reglas de procedimiento de la JEP deben garantizar a las víctimas “justicia, verdad y reparación”.
24.- La JEP extralimitó sus funciones al asumir, 24 de septiembre de 2018, la competencia para investigar el caso de una célula urbana del eln (grupo 'Llamarada'), organización narco-terrorista que no está en proceso de paz alguno. La aparición de 14 miembros del ELN en un listado de la JEP fue descubierto por la Fiscalía. “Debido a esta decisión de la JEP” el proceso de esa célula “está truncado”, denunció el Fiscal General de la Nación. Los miembros de esa célula están acusados de realizar atentados en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. La JEP estuvo estudiando bajo la mesa esos 14 casos. Dice que rechazó seis pero, en toda ilegalidad, admite que sigue estudiando ocho para “ingresarlos al sistema”, aunque ninguno de ellos hace parte del acuerdo de paz.
25.- La JEP pretende sustraer al control de la Fiscalía General y de la justicia ordinaria el conocimiento de todos los crímenes cometidos durante “el conflicto”. Pretende anular toda otra jurisdicción, violando la Constitución de 1991.
26.- La JEP aspira también, por la vía de hecho, a monopolizar el juzgamiento de delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, a pesar de que el “acuerdo de paz”dice que esos delitos no son competencia de la JEP. Un ejemplo: el caso Santrich. Usa para eso las llamadas “discrepancias de interpretación” de las fechas de los delitos.
27.- La JEP pretende echarle mano a los bienes que la justicia ordinaria ha incautado a las Farc (por una suma de 2.3 billones de pesos). Alega querer “proteger” esos bienes mal habidos y “garantizar el derecho a la reparación material de las víctimas”. La Fiscalía explica que eso no es del resorte de la JEP.
28.- La JEP rechaza la creación de una sala o instancia especial diferente de la JEP para juzgar a los militares y policías. La JEP insiste en igualar a los terroristas con los defensores del orden republicano que combatieron la subversión comunista durante décadas.
29.- La JEP no dispone sino de 67 investigadores para realizar la tarea descomunal de examinar los procesos contra las Farc y agentes de la fuerza pública durante más de medio siglo de “conflicto armado”.
30.- La JEP interviene en política y viola el principio de la división de poderes al hacer campaña contra o a favor de ciertos proyectos de ley que presentan los partidos políticos en el Congreso. El 18 de octubre de 2018 la presidente de la JEP, Patricia Linares, en lugar de respetar el principio de neutralidad, cabildeó contra un proyecto del partido de gobierno Centro Democrático que busca limitar la entrega de información confidencial y de seguridad nacional a la Comisión de Verdad, dirigida ésta por un activista politizado.
31.- El Gobierno de JM Santos nombró y posesionó apresuradamente a los magistrados de la JEP sin que existiera una ley que reglamentara la actuación de ese organismo. La JEP comenzó a actuar sin tener un código de procedimiento para su actuación. Esta actuó irregularmente en el caso Santrich.
32.- La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada finalmente por la Corte Constitucional pero ésta cometió graves errores. Ello desató críticas y generó fricciones entre la Fiscalía General y la JEP y entre ésta y la Procuraduría General.
33.- La prensa informó que los estatutos de la JEP aprobados por la CC habían sido elaborados por los mismos magistrados de la JEP y que éstos podrían ser acusados de ser juez y parte en las actuaciones de la JEP.
34.- La gangrena que porta la JEP está contaminando a todo el cuerpo judicial colombiano. El derecho penal colombiano está sufriendo recortes escandalosos y sin precedente.
35.- La Corte Constitucional busca crear el grave precedente de que el abuso, las violaciones y otros crímenes sexuales contra niños, menores y mujeres pueden ser considerados como un arma válida en la guerra subversiva en Colombia. En agosto de 2018, la CC logró retirarle a la justicia ordinaria el conocimiento y sanción de esos crímenes cometidos por miembros de las Farc, a pesar de que ese punto específico había sido votado por el Congreso. La JEP podría así sancionar esas abominaciones con “penas alternativas” irrisorias y no privativas de la libertad a los miembros de las Farc. Ese fue otro golpe demoledor de la JEP a los derechos de las víctimas. La lista de los crímenes sexuales cometidos por las Farc con sus cautivos y reclutas es aterradora, según los testimonios entregados por las asociaciones de víctimas, en especial por la Corporación la Rosa Blanca.
37.- Para beneficiar a la JEP, la Corte Constitucional desestabilizó la Fiscalía General al decidir que la Fiscalía, durante los años de actuación de la JEP (15 prorrogables), no podría citar a reinsertados y/o agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de cargos, etc. El fiscal General Néstor Humberto Martínez en su protesta declaró que tal suspensión de poderes dejaría a las víctimas y al país a merced de la delincuencia “en un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer la persecución penal”.
38.- En beneficio de los objetivos de la JEP, la Corte Constitucional trata de cambiar la doctrina colombiana e internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales no son amnistiables. En su comunicado del 15 de agosto de 2018, la CC pidió abrir la investigación de tales crímenes sólo si éstos fueren “cometidos de manera sistemática”, lo cual trasgrede el derecho positivo internacional y abre la puerta para que los autores materiales de hechos atroces queden sin sanción penal.
39.- En octubre de 2017, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, criticó en documento de 22 páginas aspectos centrales de las normas de la JEP. Dijo que “probar la sistematicidad” podría abrir el camino “para la impunidad ante los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad” y que, entonces, Colombia estaría violando normas del derecho internacional, “lo que iría contra del propósito del Estatuto de Roma de acabar con la impunidad de los crímenes más graves”.
40.- Según la nueva postura de la CC, Colombia ya no podría ejecutar las circulares rojas de Interpol, en el marco de la lucha global contra el crimen, y no podría respetar los tratados internacionales de extradición firmados. La CC trata de cambiar a doctrina según la cual ninguna autoridad distinta a la Fiscalía puede ordenar la libertad de un capturado con fines de extradición. Tal cambio conduce a revisar la ley que ordena que “la competencia de privar a una persona de la libertad la tiene únicamente la Fiscalía”.
41.- La JEP mostró su voluntad de continuar el proceso de absorción de procesos de la jurisdicción ordinaria al aceptar que un juez de Cartagena le remitiera, el 17 de septiembre de 2018, el expediente de Enilce López, ex empresaria de lotería (“el chance”) y condenada por el homicidio de una persona. Alias ‘La Gata’ no hace parte de proceso de paz alguno.
42.- La JEP decidió suspender, el 18 de octubre de 2018, la entrega de información sobre los “bienes y activos” incautados a las Farc que se supone son la base de las reparaciones de esos victimarios a sus víctimas. El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía General había revelado que las Farc “obtuvieron 19 billones de pesos en 20 años”. Esa cifra se desprende de información hallada en los computadores de los jefes de las Farc.
43.- “La decisión de la JEP [freno a la extradición de Santrich] transgrede de manera frontal los poderes públicos y los equilibrios constitucionales, que tanto hemos trabajado por fortalecer. La institucionalidad colombiana tiene como instancias superiores a las cuatro altas cortes, y dar a la JEP la potestad de desautorizarlas, es brindarle un estatus de ‘supercorte’”, escribió el expresidente Andrés Pastrana el 24 de mayo de 2018 en carta a los candidatos presidenciales.
44.- Patricia Linares, presidente de la JEP, admite que ésta es una jurisdicción “inédita en el mundo”. En efecto, una jurisdicción cuestionada que trata de devorar la actividad de las cortes legítimas, que ha sido concebida para “administrar justicia transicional” y garantizar la impunidad penal a los más grandes criminales que ha tenido Colombia, como requisito para “terminar el conflicto”, es, ciertamente, una justicia “inédita”: ningún otro país democrático ha aceptado dar el calificativo de “jurisdicción” a un organismo con tales objetivos.
45.- La mayoría de las acciones de la JEP aquí descritas fueron realizadas en solo 17 meses, a pesar de las leyes y definiciones votadas por el Congreso colombiano. ¿Qué alcanzará a hacer la JEP en los próximos 15 años prorrogables? En el corto periodo analizado las modificaciones sensatas hechas por partidos políticos y el Congreso colombiano al nefasto acuerdo de La Habana, rechazado por la ciudadanía, fueron revertidas por una rama del poder judicial, la Corte Constitucional, convirtiéndose ésta, con el apoyo del poder ejecutivo (gobierno de Santos) en el verdadero legislador, en un gobierno de los jueces. La CC decidió caprichosamente que el Congreso no tenía competencia para establecer sanciones distintas a las que fijan los acuerdos de paz. El Congreso fue así derrocado y convertido en órgano de opereta. La piedra angular en que se basa la CC para esa perpetrar esa audaz operación y crear la ficción de un nuevo derecho penal “alternativo” y “transicional” en materias gravísimas es atribuirle al acuerdo de La Habana y al Acto Legislativo n. 1 de 2017 el valor de una Constitución. La CC había dicho lo contrario en épocas anteriores. Sin embargo, los agentes que negociaron en La Habana esos textos no tenían ningún poder constituyente.

domingo, 14 de octubre de 2018

EL PROFESOR SANTOS

Por Abelardo de La Espriella.- En medio de un cúmulo de trabajo realmente abrumador, me disponía a escribir el presente artículo, exprimiéndole tiempo al implacable reloj de las ocupaciones, y, entre los temas que circundaban mi cabeza, al ritmo de la odisea informativa que desborda en Colombia la capacidad de analizar cada uno de los asuntos de interés que saltan a la palestra, cavilé en tres posibles opciones: 1. La fortuna de las Farc: la Fiscalía General informó que encontró en los computadores de esos bandidos los registros de lo que sería un botín monumental, fruto de las múltiples fechorías de esas alimañas. 2. La válida protesta estudiantil, que propugna por una mejor educación pública, manifestación en la que se colaron el oportunista de Petro y un combo de marihuaneros acaba ropa, que ni siquiera asisten a clases porque el sopor de la bareta y la flojera no los dejan. Pero eso sí, para cometer actos vandálicos están de primeros. 3. Los casos de pederastia en la Iglesia católica, encubiertos por el benemérito papa Francisco. Estaba en eso cuando, revisando las noticias del día (ritual que ejecuto siempre antes de empezar a teclear), encontré una perla que dio al traste con el eje temático que había dispuesto: “Juan Manuel Santos se estrena como profesor”.

Era imposible dejar pasar por alto semejante primicia. El expresidente y premio Nobel (comprado) de paz, a través de su cuenta de Twitter señaló que la primera enseñanza que daría a sus alumnos sería esta: “Lección número 1 para mis estudiantes: siempre hagan lo correcto, no lo popular”. Todo esto en el marco de una serie de conferencias en la escuela Kennedy de la universidad de Harvard. No di crédito a la noticia y pensé que era un error; pero después recordé que Santos engaña a un duende y se me quitó. Se “lagarteó” esa cátedra y se les metió por los ojos a las directivas de ese prestigioso claustro; aunque, cuando los alumnos se quejen de la mediocridad inocultable de Santos, de seguro no lo volverán a invitar; pero el daño ya estará hecho.

La verdad es que Santos no debería ser profesor, sino rector, pero de la universidad del Crimen. No hay un personaje más siniestro y oscuro que el tartufo. Dada su experticia en las lides criminales, la mentira, la deslealtad y demás manifestaciones abyectas de la condición humana, se me ocurre que también podría dar clases, viéndolo bien. No hay que desperdiciar el potencial de semejante espécimen. Por ejemplo: Traiciones 1, ¿o qué tal Falsedades 2? Puede contar incluso con la ayuda de alguna de sus exministras impolutas como las traviesas “Gini” y “Ceci”, para animarse a dictar charlas sobre contratación estatal y moralidad administrativa. La trayectoria de Santos en quiebras, liquidaciones y descojones financieros, daría para disquisiciones sobre reestructuraciones empresariales. Lo propio podría hacer en la Facultad de Comunicación Social, con una materia titulada “¿Cómo comprar a la prensa y no morir en el intento?”. En el marketing político Santos es un verdadero fenómeno, mostrarles a los estudiantes las incoherencias, salidas en falso y contradicciones del “príncipe de Anapoima” sería muy didáctico, a fin de reconocer lo que nunca debe hacer un dirigente decente. La repartija de “mermelada” merece una cátedra magistral, que incluya el origen y diseño de los cupos indicativos, hasta llegar a la feria de contratos y puestos burocráticos para comprar conciencias parlamentarias. La mafia internacional nunca ha tenido una fachada de aparente legalidad, como la que Santos logró construir, en su paso por el servicio público. La Ndrangheta, la Yakuza y la Cosa Nostra envidiarían un método así de sofisticado y adornado con una falsa diplomacia tan eficiente al momento de conseguir lo que se quiere, incluso si hay que llevarse por delante a todo un país.

Encuentro que la llegada de Santos a la academia puede tener sus ventajas. Al fin y al cabo, es bueno que el mundo entero conozca la maldad en gel y no en pasta, como decían las abuelas.

La ñapa: Más que merecido el premio “Nobel de literatura póstumo” otorgado al gran Jorge Luis Borges, el escritor latinoamericano más universal e importante de todos los tiempos, por los organizadores del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA). A Borges le cobraron los de la Academia sueca ser de derecha para no galardonarlo en vida, otra prueba de que la izquierda desprecia a todo aquel que no piense igual. El premio es justo y cumple el sueño de millones de admiradores que reconocemos en Borges un genio inigualable e irrepetible.


miércoles, 10 de octubre de 2018

Fundación CASA DEL VALLE en Miami, FL, EUU


Dinamizaremos proyectos importantes en beneficio de las Pymes del país, de la mano con los municipios del Valle y de Colombia que requieran de este puente importante, para la cooperación internacional, intercambios cultural, comercial, de educación, innovación y de tecnología. Posicionamiento de empresas, productos, servicios, eventos, campañas, buscar ayudar a las clases vulnerables, entre otros objetivos, en los Estados Unidos y en el mundo...Les estaremos informando acerca de los proyectos..... PASE LA VOZ!!! 

lunes, 10 de septiembre de 2018

La visita de Donald Trump a Colombia

Por María Fernanda Cabal *

En medio de la anarquía institucional en Colombia, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vendrá en visita oficial para discutir temas de vital importancia bilateral como la seguridad, la lucha antidrogas y la crisis en Venezuela. Mientras en casa las instituciones han sido elásticas con la delincuencia, Estados Unidos exigirá resultados: los millonarios desembolsos para lucha antidrogas en Colombia no pueden ser desestimados.

El proceso de paz ha arrojado las peores cifras en crecimiento de cultivos de coca y el gobierno Trump ha pedido la extradición de alias Jesús Santrich, uno de los grandes capos del narcotráfico. Pareciera entonces que los caminos que han escogido recorrer las Cortes en Colombia y el nuevo ente de justicia JEP, van en contravía de las sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro socio más importante;  pues el engranaje normal de las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación contra los delitos transnacionales se ha visto vulnerado por todas las trapisondas del proceso de paz.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este viernes que abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP por presuntos encubrimientos en la salida de nueve delincuentes de las FARC de las zonas de normalización. Asimismo declaró que la Fiscalía tiene evidencias de funcionarios que estarían planeando fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe, cumpliendo con la Constitución y la ley, lo que llevaría al incumplimiento por parte de las FARC con el acuerdo, con las obvias consecuencias que ellos aceptaron al firmarlo.

No es de poca monta el nivel de los compromisos de Colombia frente a su aliado más poderoso. Por eso, preocupa mucho el resultado de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional, con la que se pretende tumbar el artículo que prohíbe a la JEP “practicar pruebas para determinar la fecha de ocurrencia de hechos delictivos”, competencia que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Pretender buscar la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 502 de la Ley 906 de 2004, podría acabar con la extradición en Colombia y, en consecuencia, incumplir con el  tratado internacional relacionado con el lavado de activos.

El caso Santrich ha conducido a un entramado debate constitucional en materia de extradición, tratando de adjudicar a la JEP competencias que no le corresponden y queriendo incorporar a su reglamentación artículos leguleyos para favorecer al capo. ¿Qué seriedad, ante nuestro más importante aliado estratégico, puede reflejar que este proceso de paz otorgó privilegios sorprendentes a los terroristas y ahora los beneficiados continúen delinquiendo, con la pretensión de seguir siendo cobijados con la impunidad?


*María Fernanda Cabal es senadora colombiana. Miembro del partido Centro Democrático, Bogotá

miércoles, 1 de agosto de 2018

El verdadero delito que le imputan a Uribe

Por Eduardo Mackenzie
@eduardomackenz1
30 de julio de 2018

A la querida colega María Isabel Rueda no le quede duda alguna: en ninguna parte está probado que el presidente Álvaro Uribe ha manipulado testigos. María Isabel dice que no sabe “en qué parte se encuentra probado que Uribe estuviera manipulando directamente testigos”. No es cuestión de saber. Es cuestión de constatar. Eso no lo puede verificar nadie pues no hay prueba, ni principio de prueba, de tal delito. Los magistrados que estructuraron el texto más reciente de 11 páginas destinado a provocar un interrogatorio del acusador de Iván Cepeda, el expresidente Uribe, texto que redactaron hasta con faltas de redacción, de ortografía y de puntuación, no tienen pruebas de eso.
Lo que tienen son conjeturas, alegaciones, teorías, decires. Tienen las acusaciones de un fanático jefe comunista que trata de imponer sus visiones. Tienen montajes tan burdos que son inservibles, pues no resisten un examen. Y tienen, sobre todo, una creencia: que con la muletilla “al parecer”, se puede fabricar una acusación creíble, una realidad, un mundo. Cuentan, además, con una sutil confusión aceptada por las personas distraídas: creer que un hecho no probado pesa tanto jurídicamente como un hecho cumplido.


Estamos muy lejos de los niveles de validación de las pruebas en un Estado de Derecho. Pues la Colombia de Juan Manuel Santos no es, desgraciadamente, un Estado de Derecho. Por eso es que Colombia está en vilo en estos instantes: todos tememos que esa justicia monstruosa, truculenta, sin rigor lógico, construida mediante amenazas y corrupción desaforada, logre sus objetivos de meter a un expresidente, a un ciudadano inocente, en una cárcel.
Seamos realistas. El presidente Uribe ha sido acusado por el juez Luis Barceló del delito de contra-revolución. Eso es lo que está en juego, en realidad, tras las bambalinas de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (que en otros países es una instancia última). Ese es el enunciado no escrito de su verdadero delito: la contra-revolución.


Es un delito político, que no está en ningún código colombiano. Pero lo están tratando de aplicar en esos momentos. Ese delito sí figura en el código que el grupo de Iván Cepeda sigue a rajatabla: el código penal de la URSS, redactado en 1927 por los “juristas” bolcheviques. Varias veces reformado para hacerlo más opresivo, ese texto constituía, con el arsenal de órdenes y decretos de Lenin y con la famosa Constitución de Stalin, la base legal del terror del Estado soviético.


Esa historia de unos “testigos” que acusan a Álvaro Uribe de reunirse con paramilitares en el obscuro rincón de una finca, hace 30 años, es pura basura. Eso lo sabe el señor Barceló. Es pura construcción artificial, pura fiebre vengativa. Cepeda no adopta su pose de justiciero rabioso contra Uribe porque éste haya violado los derechos humanos de alguien, o dado órdenes a testigos como los que Cepeda dice tener. ¡Qué va! Lo que alimenta su cólera, su rebote biliar, su fanatismo bubónico, desde hace más de 20 años, es que Uribe es un luchador de la libertad. Es, en efecto, un político y un jefe de 

Estado que combatió con todo su ser a las Farc y su programa de destrucción de Colombia. En eso Colombia no se equivoca. Colombia vé en Álvaro Uribe un salvador de la Patria. Cepeda y sus cómplices ven en Uribe un muro contra las Farc. Y quieren hacerle pagar eso. Utilizando un código oculto.


Dejémonos pues de tomar en serio las acusaciones y los argumentos de los jueces que se pusieron al servicio de Cepeda, en acto bochornoso que termina siendo una deshonra para quienes lucharon durante 198 años para hacer de Colombia un Estado de Derecho. En otras épocas, Colombia logró eso y tuvo juristas y jueces de gran altura que se merecían el adjetivo de magistrados.


Lo de ahora es distinto: postura, decorado, farsa, gesticulaciones, torva ciencia jurídica, códigos penales furtivos, dineros bajo la mesa, y no sé qué horrores más.
No es sino ver la lógica de lo que Luis Barceló llama “abrir investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga”. Todo el asunto está en eso de abrir “investigación en contra”. En un sistema democrático la investigación judicial tiene una meta: averiguar y establecer la verdad objetiva. Aquí, en la acción de Barceló, al abrir la investigación, el acusado ya está condenado, su defensa es inútil, pues la investigación es “en contra”, cuando debería ser una investigación imparcial, sobre unos hechos probados. Hay una regla de oro en estas materias, que Barceló conoce pero que no utiliza: el juez instructor debe investigar a cargo y descargo, pues en eso consiste el debido proceso.


En el caso que nos ocupa, no hay investigación. Lo que trata de hacer el juez es confirmar por los medios más variados y hasta por los medios más dudosos, que el investigado es un culpable. ¿No han visto como el senador Uribe explica que pruebas de descargo allegadas por sus abogados no fueron tenidas en cuenta o han desaparecido?
Esto es puro derecho soviético.


El derecho soviético al menos tenía una cierta coherencia. “El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora”, escribió Lenin. La ley soviética era un instrumento de la​ revolución. El tribunal no era un poder independiente, era un instrumento de terror contra la población. Su objetivo es eliminar el enemigo del proletariado, etc. Así, el régimen comunista rompió con el principio “burgués” de la independencia de la justicia respecto de los gobiernos y de que toda sentencia es construida sobre la base de principios objetivos formulados por las leyes. Y de que el juez es quien debe dar al acusado la prueba o las pruebas de su delito y no lo contrario.


Concebir el tribunal como un instrumento de poder, como un garrote para defender un Estado, o unos intereses revolucionarios, es el abominable derecho comunista.
Ese es el derecho que quieren aplicarle al expresidente Uribe bajo una capa cosmética. Pues él es un culpable, un enemigo de la revolución.


Otro signo confirma esa triste forma de impartir justicia.
Barceló/Cepeda le reprochan a Uribe “desviar la atención de la justicia”. Lo acusan de “tratar de desmentir” una serie de embustes. Creen que en ese expediente, antes de que termine la investigación, está ya “tipificado el delito de soborno” y el “fraude procesal”. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que los molesta tanto? Les molesta que el senador Uribe y sus abogados, en un acto totalmente necesario, legal y legítimo, traten de responder a los acusadores, traten de defender su honorabilidad, de derribar las falsas denuncias. Uribe se hace culpable de acudir a las vías de derecho para pedir justicia y para mostrar la venalidad de sus detractores. Eso lo ven como un acto inaceptable. Es la lógica invertida que está en juego. Uribe pide justicia, pide la protección del derecho, y eso es un delito pues su acción podría destapar la acción oculta y los intereses de un senador comunista.


¡Eso está ocurriendo hoy en Colombia!
Ese tipo de derecho es aplicado en Cuba y quizás en Venezuela. Y en Colombia, por el momento. Ese tipo de derecho podría consolidarse y transformarse en un bloque de hormigón, si los ciudadanos no nos oponemos. Si Santos y su pupilo Petro hubieran ganado la elección presidencial de mayo, ese derecho soviético habría aparecido a la luz del día.


Pero ellos perdieron la presidencia de la República. Y el proceso contra Uribe debe tener, según ellos, una consecuencia brutal, rápida, la privación de libertad de un ciudadano central para la democracia, la muerte política de éste, para que esa justicia abyecta siga creciendo en la sombra. Esa justicia debe ser, por el contrario, derribada del todo y cuanto antes, para que las libertades, las leyes, las garantías y los principios de derecho vuelvan a Colombia.
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martes, 10 de julio de 2018

La ley es para todos: Abelardo De La Espriella

Por: Abelardo De La Espriella

Dos casos aberrantes de aplicación selectiva de la ley se dan por estos días en Colombia, precisamente en cabeza de un par de ciudadanos que han sido socios políticos y aliados estratégicos, por cuenta de sus particularísimos intereses y de la “mermelada”, representada en jugosos e inoficiosos contratos estatales. Me refiero a Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. El primero, designado por un sector de la sociedad (y por él mismo) como el “faro moral de la República”, el ideólogo de la cultura ciudadana; el segundo, el presidente más nefasto que ha tenido esta patria en toda su historia, quien, para gobernar de manera poco ortodoxa (por no decir delincuencial) y manipular a su antojo las tres ramas del poder público y a los medios de comunicación, terminó incluso comprando a aquellos que se decían incorruptibles.
No tengo nada personal contra Mockus (creo que está sobrevalorado, pero ese es otro tema); mis reparos a su incontrovertible inhabilidad para ser senador no obedecen a intereses políticos, como algunos de sus aliados pretenden hacerlo ver; simplemente actúo en defensa de la legalidad e impulsado por la grima que me produce ver a un supuesto “adalid de la ética,” como el profesor Antanas, promoviendo la interpretación sesgada de la norma constitucional (artículo 179) que prohíbe expresamente aspirar a congresista a aquellas personas que hayan de cualquier manera intervenido en la gestión de negocios o celebración de contratos ante entidades públicas, dentro de los 6 meses anteriores a la elección.Mockus, en un lapso menor que el señalado por el reseñado artículo de la Carta Política, aún era presidente de Corpovisionarios y, además, presidía la junta directiva de ese “parapeto” dedicado a hacer informes gaseosos y a elucubrar improbables teorías sobre asuntos ininteligibles. Por esas “bolas de humo”, en los últimos años, Mockus recibió miles de millones de pesos en contratos, con los que fue beneficiado por el gobierno del tartufo, y otro tanto producto de negocios directos con alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas.
Que Mockus se haya hecho conocer mostrando el “orto” ante un auditorio lleno de estudiantes, que en sus años mozos sirviera (según su propia confesión) de auxiliador de la guerrilla y que, además, se hubiese enriquecido exprimiendo al Estado a través de contratos chimbos, parece no importarles a sus votantes ni a las autoridades; pero lo que a la postre no podrán soslayar ni los unos ni los otros es la inhabilidad que pesa sobre él, así el Consejo Nacional Electoral y sus prevaricadores magistrados pretendan torcerle el pescuezo a la ley (desconociendo sus propias decisiones anteriores frente a casos como el de Mockus, pero en sentido contrario). Es evidente que hay plena prueba que corrobora que la elección de Mockus está viciada. Ya veremos qué pasa en el Consejo de Estado, que, para complacer a la “mamertería”, tendría que cambiar radicalmente su vasta y definida línea jurisprudencial sobre el asunto.
El otro intocable: Juan Manuel Santos. Las grabaciones de Roberto Prieto reveladas recientemente corroboran lo que todos sabíamos desde hace rato: el Presidente y su círculo más próximo están involucrados hasta el cogote en la financiación ilegal de las campañas de Santos por parte de la tristemente célebre constructora Odebrecht. A pesar del abundante material probatorio contra Santos, hace pocos días la Comisión de Acusaciones archivó la indagación preliminar que por esos hechos contra él cursaba en esa célula investigativa.
Santos autorizó la entrada de la plata a sus campañas; su íntimo amigo Roberto Prieto implementó el entuerto, y ya en el poder los brasileños fueron recompensados con importantes y billonarios contratos, otorgados por el presidente y sus subalternos. La trazabilidad de ese andamiaje criminal está perfectamente dilucidada por la Fiscalía General. El ente acusador también tiene certeza sobre el papel que cumplió la fundación Buen Gobierno en ese entramado de sobornos. ¿Qué dirá al respecto el mentecato de Martincito Santos?
En una democracia, no puede haber ciudadanos de primera y otros de tercera. La ley debe hacerse valer para todos sin distingos de ninguna clase. En realidad, lo único que hace iguales a los hombres es la ley. Si queremos recuperar la institucionalidad perdida, es menester que el Consejo de Estado actúe en derecho y anule la elección de Mockus como senador; y la comisión de acusaciones deberá también hacer lo que corresponde: reabrir, con base en las nuevas pruebas conocidas, la investigación contra Santos por sus vínculos retorcidos con Odebrecht.
No todo vale, señores, así la doble moral sea la regla general en esta sociedad.
La corrupción tiene muchas caras.
La ñapa I: El magistrado del CNE Alex Vega es quien ha movido los hilos para el Gobierno en esa corporación: cada vez que Santos necesita meterle mano a los asuntos electorales, el lacayo de Vega actúa solícito. Este oscuro personaje aspira a ser registrador. Faltaba más que recibiéramos semejante herencia del peor presidente que ha tenido Colombia.
La ñapa II: Si, como afirma Héctor Helí Rojas (magistrado del CNE), para justificar la imposibilidad de no declarar la elección de Mockus, “hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que las autoridades administrativas no tienen competencia para quitarle el mandato a una persona elegida popularmente”, ¿entonces la elección es automática y no requiere acto administrativo alguno que la declare y los congresistas tienen mandato? ¡Sea serio magistrado!

lunes, 21 de mayo de 2018

Una vergüenza llamada JEP

Por Abelardo De La Espriella

Desde un principio lo dije: la JEP será un tribunal de la venganza, que perseguirá a los enemigos históricos de la izquierda radical y exculpará las atrocidades de la guerrilla, cubriéndolas de un manto de impunidad asqueante. No exageraba tampoco cuando advertí, a través de mis columnas de opinión, que la JEP operaría como un cuerpo judicial politizado e ideologizado, que tendría entre sus propósitos reescribir la historia, para presentar a los terroristas, asesinos y miserables de las Farc, como una organización loable alzada en armas, supuestamente para defender los derechos del pueblo oprimido.

Nada bueno podía salir de la JEP, siendo cosecha de la propia guerrilla y de sus cercanos y oscuros asesores, a saber: Enrique Santiago, Álvaro Leyva, Juan Carlos Henao y Eduardo Montealegre. Es la primera vez en la historia contemporánea que quienes supuestamente van a ser procesados tienen la posibilidad de escoger el mecanismo por medio del cual habrán de ser juzgados. Así de claro: la JEP fue una imposición de la guerrilla al gobierno de Juan Manuel Santos, que, a la postre, no solo terminó complaciendo en ello a Timochenko y sus secuaces, sino que, adicionalmente, sometió a la institucionalidad y a la democracia a toda suerte de humillaciones y dislates, en procura de saciar la infinita vanidad de un grupo de bandidos que consideran que la sociedad colombiana les debe respeto, obediencia y sumisión.
Ante la decisión abiertamente ilegal e inconstitucional de la JEP de suspender la extradición del narcotraficante alias Jesús Santrich a los Estados Unidos, ha quedado probado más allá de toda duda razonable que la JEP es la corte de las Farc. Si aún sin reglamentación, sin haber empezado a funcionar, pasan cosas como esta, y la JEP se arroga competencias que no tiene, cuando adquiera dientes, literalmente sus magistrados se tomaran el país. Como van las cosas, las Farc van a conseguir en los estrados judiciales la victoria que les fue esquiva en el monte, sometiendo a sus enemigos y al Estado de Derecho con los fallos de la JEP.
Ya lo dije antes también: “Tomarse la justicia no es un invento de las Farc. Desde Mao, en la China Popular, pasando por la Cuba oprimida de los sátrapas Castro Ruz, y la Venezuela arruinada de los tiranos Chávez y Maduro, la izquierda radical ha implementado el método inveterado de cooptar y adueñarse de los órganos jurisdiccionales, para aniquilar moralmente a sus oponentes: si las balas o las bombas no pudieron en su momento silenciar las voces disidentes, de seguro una injusta sentencia de encarcelamiento logrará ese cometido”.
La mayoría de los magistrados de la JEP son afines ideológicamente a las Farc, y están ahí para complacer a esos malhechores y no para hacer justicia verdadera. La labor de un juez es fundamental para una sociedad, y para ejercer ese apostolado se requieren especialísimas calidades humanas y profesionales escasas por los lados de la JEP; pero, por sobre todas las cosas, lo que hace al final del día que la justicia opere es la independencia de los jueces, atributo imposible de predicar en aquellos funcionarios de la JEP, que llegaron ahí con el “visto bueno de las Farc”. Que a nadie le quepa la menor duda: la JEP está al servicio de las Farc.
La JEP es un esperpento jurídico que nace del desconocimiento de la voluntad popular que dijo NO a los acuerdos de la Habana, un bodrio avalado por un Congreso comprado y una judicatura entregada al régimen, que debe ser excluido del ordenamiento legal colombiano. Sin eufemismos: hay que acabar con la JEP cuanto antes. Dicho cometido deberá ser una prioridad nacional en los próximos meses.
La ñapa I: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos debería acusar por obstrucción a la justicia a los magistrados de la JEP que ordenaron la suspensión de la extradición de Santrich. Mientras eso ocurre, que les vayan quitando las visas por corruptos.
La ñapa II: Hidroituango es más que un elefante blanco: es un monstruo de mil cabezas. Lo que se viene haciendo para obviar la búsqueda de responsables es una infamia arropada de falsa solidaridad. El nombre de los culpables de la debacle debe conocerse ya, porque en esa madeja hay mezclada corrupción. En buena hora el Fiscal General persigue la pista de los sobornos que hay tras bambalinas. ¿Será que el paquetazo y vendedor de humo de Sergio Fajardo tiene algo que decir al respecto?